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Ante las graves repercusiones ambientales y de salud pública de la política energética del actual gobierno, basada en la quema de combustibles fósiles, la ciudadanía en diversos puntos de la República acudió ante la justicia federal, para defender sus derechos y su acceso a energías renovables con respeto a los derechos humanos de personas y comunidades y así garantizar la sustentabilidad a mediano y largo plazo.
En videoconferencia de prensa conjunta, moderada por Mario Sánchez Castro, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), oficina Noroeste, representantes de diversas organizaciones, coincidieron en la necesidad de defender los derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales vinculantes en la protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático, imposibles de cumplir si sigue con el actual modelo.
Jaqueline Valenzuela Meza, directora del Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (CERCA), explicó que con su acompañamiento, ciudadanos de los cuatro municipios de Baja California Sur, presentaron el amparo 497/2020 ante el juez Tercero de Distrito con sede en La Paz, Jorge Alberto Camacho Pérez, contra la Instalación de Unidades Móviles Eléctricas en la Central de Combustión Interna (CCI) de la entidad y turbinas Aero derivadas; la construcción de una Central de Ciclo Combinado en 2021 y la unidad Baja California Sur VI para el año 2022, así como el uso de recursos públicos para infraestructura eléctrica, que omite el empleo de energías renovables.
El amparo ya fue admitido y está en espera de resolución. Confiamos en que el juzgado conceda una suspensión definitiva contra el abuso del empleo de fuentes fósiles de energía.
Por su parte, Luis González Lozano, director de Cambio de Ruta, organización ambientalista radicada en San Luis Potosí (SLP), explicó que ellos acompañaron a varios ciudadanos a presentar amparos en 24 Estados de la República para exigir la protección al derecho humano al medio ambiente sano, con el juicio número 270/2020, como eje de todas las demandas contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo.
Éste se presentó ante juzgados federales de SLP pero fue remitido al Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro con sede en la Ciudad de México. Hasta ahora 4 procedimientos de amparo han sido admitidos.
Además en el juicio número 373/2020, iniciado en Guanajuato y declinado al Juez Primero de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,
Rodrigo de la Peza Lo´pez Figueroa, con sede en la Ciudad de México, ordenó la suspensión provisional de todos los efectos y consecuencias derivados del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, del 20 de abril 2020 así´ como su Anexo único; y, del Acuerdo por el que se emite la Poli´tica de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el 15 de mayo de 2020.
