A-AA+
El caso de un niño hondureño con seis domicilios distintos en San Luis Potosí ejemplifica las dificultades que enfrentan el gobierno y organizaciones civiles de Estados Unidos para reunir a las familias recientemente separadas en la frontera con México, reseña un reporte de AP.
De acuerdo al texto, dependencias de la administración de Donald Trump y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se achacan mutuamente la responsabilidad de reunir a las familias mexicanas y centroamericanas separadas al ser detenidas intentando cruzar ilegalmente la frontera.
Medios estadounidenses señalan que unos dos mil 500 niños fueron separados de sus familias la primavera pasada, como parte de la política de Tolerancia Cero a la inmigración ilegal hacia el vecino país.
Entre estos datos están domicilios en “calles sin nombre”, con la indicación de “domicilio conocido” o, en el caso de un niño hondureño, con seis domicilios distintos en la capital de San Luis Potosí.
De acuerdo al texto, dependencias de la administración de Donald Trump y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se achacan mutuamente la responsabilidad de reunir a las familias mexicanas y centroamericanas separadas al ser detenidas intentando cruzar ilegalmente la frontera.
Medios estadounidenses señalan que unos dos mil 500 niños fueron separados de sus familias la primavera pasada, como parte de la política de Tolerancia Cero a la inmigración ilegal hacia el vecino país.
Entre estos datos están domicilios en “calles sin nombre”, con la indicación de “domicilio conocido” o, en el caso de un niño hondureño, con seis domicilios distintos en la capital de San Luis Potosí.
