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El titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Federico Garza Herrera, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, fueron acusados de actuar con parcialidad y de permitir maniobras irregulares en el caso del asesinato de Eugenio Castañón Elizondo, por el cual Eduardo Hernández Jannet, apodado “El Cayeyo”, hijo del quejoso, fue sentenciado a 32 años de cárcel.
En un desplegado público, Hernández de los Santos señala que el fiscal estatal no actuó en todo momento con imparcialidad en la investigación del caso. Indicó que, formalmente, ocultó la calidad de “suegro” de la víctima –Castañón Elizondo era novio de una de las hijas de Garza Herrera-, lo que implicaría haber quedado fuera de la investigación por el conflicto de intereses existente.
Añadió que el fiscal tampoco informó al tribunal que el día del evento, Hernández Jannet le informó personalmente al fiscal las circunstancias del hecho y de que había lastimado a Castañón Elizondo en defensa propia.
Lo acusó de haber usado en contra de su hijo las mismas muestras de orina, sangre, huellas dactilares y otras pruebas que éste proporcionó voluntariamente.
También le reprobó haber permitido la manipulación de la escena del crimen –el domicilio de Hernández de los Santos- por parte de agentes de la Policía Ministerial.
“Yo te conocí, Federico”, le escribió “como un hombre bueno y honesto, pero ahora me da pena ver que te has convertido en una persona que busca proteger su puesto y sus intereses familiares a costa de arruinar la vida de mi hijo y de mi familia”.
Lo señala por mantener a la Fiscalía en “uno de los peores momentos de corrupción”.
Al presidente del Poder Judicial del Estado lo acusa de seleccionar e imponer en diversas fases del proceso a jueces “a modo” para lograr la condena de su vástago.
Los jueces del tribunal, asegura, vieron cómo la defensa de su hijo “despedazó” la teoría de homicidio calificado.
Lo señaló por imponer a una juez de control a conveniencia para tramitar el juicio de origen y sustituyó a otra que ya estaba nombrada en el Tribunal “para que se prestara a sus instrucciones y deseos”. A la juez nombrada inicialmente, que “no se somete a sus decisiones” la envió a otro municipio del estado.
“El actuar de ambas instituciones que ustedes representan”, les dice a los dos funcionarios, “no sólo dañan y afectan a mi familia y a la de la propia víctima, también perjudican a la buena imagen pública con que deben estar erigidas”.
Al gobernador Juan Manuel Carreras López, el empresario le pide que intervenga para que el ejercicio público esté apegado a Derecho. El mal desempeño de éstos, advierte, provoca la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
“La ley se hizo para cumplirla y respetarla, no para pisotearla como se ha hecho en San Luis Potosí, al mero estilo del antiguo PRI”, finaliza.
