Pagan millonada por contrato de tan sólo 5 meses

El contrato por 68.2 millones de pesos que la Oficialía Mayor del gobierno del estado firmó con una empresa privada para establecer y atender las Clínicas Rosas en la entidad tiene una vigencia de sólo cinco meses y vence el próximo 18 de septiembre.

El servicio de consultas médicas, dentales, exámenes de la vista y de laboratorio, así como entrega de medicinas para mujeres en 11 consultorios del estado, es uno de los que en diciembre pasado se elevó a rango constitucional, lo que obliga a la actual administración estatal y a las posteriores a que los siga proporcionando.

El contrato fue firmado por la Oficialía Mayor del Estado el pasado 17 de abril, y se le dio el número DGA-CAASPE-co026-LPE-008-23.

La empresa que se benefició del contrato solicitado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional fue la Operadora de Servicios Médicos ML SA de CV, con sede en Acapulco, Guerrero. 

Los servicios médicos gratuitos a la ciudadanía generaron un cargo de 58.8 millones de pesos, a los que se les aplicó un IVA de 9.4 millones de pesos, lo que da un total de 68.2 millones de pesos.

Se trata del manejo de 11 clínicas establecidas en igual número de beneficios de nuestra entidad, en las que se busca dar atención a 165 mil personas, especialmente el caso de mujeres.

El inciso II de los requerimientos del servicio establece el periodo y lugar en que se prestará el servicio. Ahí se establece que inicia el día de la firma del contrato, 17 de abril, y concluirá apenas cinco meses después, el 18 de septiembre, es decir, dentro de catorce días.  

Ni la Sedesore ni la Oficialía Mayor revelaron públicamente la duración del contrato ni han establecido si se volverá a firmar un contrato similar para continuarlo.

Aunque el gobierno estatal estaría obligado a mantener el programa, merced a la reforma al artículo 12 constitucional local que fue aprobada en el Congreso el pasado 14 de diciembre, al elevar al rango constitucional los programas sociales estatales.

“Con esta modificación se establece la obligatoriedad del Estado para implementar programas sociales que garanticen a las personas en condición de pobreza el derecho a una vida digna, alimentación, y salud de calidad”, informó el Congreso local tras la reforma concretada.