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La funcionaria del Registro Civil desalojada por autoridades municipales en julio del año pasado, visitó de nueva cuenta el Congreso del Estado, esta vez para entregar una solicitud de juicio político en contra del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el subsecretario Ulises Valencia y la directora del Registro Civil, Luz María Lastras Martínez.
"Quiero aprovechar la presencia de los medios para decirle al gobernador Juan Manuel Carreras López que yo sé que él no perpetró el ataque del cual fui víctima ni fue él quien lo ordenó, pero si ha sido tolerante a esta situación", declaró la quejosa.
Enseguida, pidió al titular del Ejecutivo estatal que la destituya de su nombramiento como oficial del Registro Civil, pues como esto no ha sucedido, ella no ha podido hallar empleo en alguna otra área de la administración pública. Agregó que lo que menos quiere es regresar a la Oficialía en la que fue agredida.
Criticó que el Gobierno del Estado reciba fondos económicos de parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar la operación y eficiencia del sistema del Registro Civil y que, por otro lado, se guarde silencio frente a las agresiones que ella sufrió en el desalojo del año pasado.
Como asistente a un foro sobre violencia política de género realizado hoy en el Congreso estatal, Teresa Carrizales expresó que este tipo de violencia "no se sufre solamente durante los procesos electorales, sino también cuando no dejan que una mujer permanezca en un puesto público, por diversas razones".
