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Pide Marea Verde cese de Gloria Serrato tras retiro de AVG en municipios

Consideran que no se han abordado las causas estructurales de la violencia contra la mujeres

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 13, 2024 12:09 p.m.

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Foto: Archivo

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El colectivo feminista Marea Verde, en colaboración con 96 organizaciones de colectivas, activistas y defensoras, ha exigido la destitución o renuncia de Gloria Serrato, actual titular del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES).

Esta demanda surge tras el reciente levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.

Las organizaciones, denunciaron a través de un comunicado que la decisión de levantar la AVG no representa un verdadero avance en la lucha contra la violencia de género en el estado.

Consideran que no se han abordado las causas estructurales de la violencia ni se ha garantizado una atención efectiva a la violencia feminicida. Además, critican la falta de transparencia en el uso de recursos públicos destinados a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

El IMES ha sido señalado por estos colectivos como un instrumento para promover una agenda política ajena a la creación de políticas públicas inclusivas para las mujeres. Por ello, solicitan al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, que no subordine la dirección del instituto a intereses políticos, sino que enfoque su gestión en la defensa de los derechos de las mujeres.

Marea Verde también pide reconsiderar y retractar la decisión de levantar la AVGM en los municipios mencionados hasta que se cumplan todas las medidas necesarias y se realice una evaluación integral de las acciones implementadas.

Exigen que se garantice la seguridad y protección de las mujeres, y que se evite invisibilizar la violencia de género.

Finalmente, las organizaciones insisten en que se hagan públicos y se revisen a fondo los criterios, metodologías y datos que justificaron el levantamiento de la AVGM, y que se realice una investigación rigurosa y conforme a los estándares de derechos humanos sobre la situación de violencia en los municipios afectados.