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Casos como el de la agresión de policías de Nuevo León a indígenas potosinos, que dejó saldo de dos muertos, pone en evidencia la necesidad de que exista en Nuevo León una oficina de representación del gobierno potosino, a fin de apoyar la protección de unos 300 mil habitantes de origen potosino en el vecino estado, la mayor parte de ellos, de origen indígena, sugirió Galileo Hernández Reyes, titular de la ONG Procuración de Justicia Étnica, asentada en Monterrey.
En entrevista, Hernández Reyes dijo que en momentos como éste, es necesario hacer visibles a las poblaciones indígenas que radican en Nuevo León, para evitar que sus derechos más mínimos sean pisoteados.
Se trata, dijo, de un caso muy sensible, que ha provocado una gran indignación por el ataque policial, que mató a dos migrantes de Aquismón y heridos a otros tres, que hacían labores de albañilería en un domicilio del fraccionamiento Los Cristales.
Hernández Reyes, originario de Tamazunchale, indicó que lleva 15 años viviendo en Nuevo León, lapso en el que se ha dado cuenta de los abusos que sufren los migrantes de origen potosino, en su gran mayoría, provenientes de los municipios con mayoría de población indígena.
“Hoy en Nuevo León”, señaló, “radicamos unas 300 mil. Más del 70%, provenimos de las poblaciones náhuatl o tének de la entidad”.
Agregó que, de acuerdo al Inegi, de 100 potosinos que migran de la entidad, 33 lo hacen a Nuevo León.
Indicó que esa presencia es importante en lo económico, lo político y en lo cultural, pues genera mucha influencia para ambas entidades.
Pese a lo anterior, señaló, San Luis Potosí no tiene una oficina de representación en Nuevo León, cuando entidades que tienen menor población en el estado, como Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas, sí disponen de ese recurso, que podrían servir mucho en casos como el de la agresión a los potosinos.
“San Luis Potosí se ha quedado atrás en ese aspecto y está en deuda con su población”, señaló.
