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"Cumplió protocolos" el registro de Estéfana

Representante del Movimiento Laborista justifica candidatura no consentida de adulta mayor indígena

Por Martín Rodríguez

Junio 18, 2024 03:00 a.m.

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En tanto ya está abierto todo un catálogo de procedimientos sancionadores contra el Partido Movimiento Laborista, o en su caso contra quienes resultan responsables de diversos actos fuera de la ley, la representante del instituto político ante el Ceepac defendió el registro de la candidata a la presidencia municipal de Aquismón, María Estéfana Epifanio Agustina, una mujer indígena de 78 años de edad, a la que nunca se le pidió su consentimiento.

El partido además "justificó" el gasto de más de 18 mil pesos "en la campaña" de María Estéfana. La apertura de procesos a este partido incluye la posibilidad de una investigación penal.

Rocío de Alba, nueva representante de Movimiento Laborista ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aseguró no tener toda la información de su antecesora en el mismo cargo, pero defendió la candidatura de la aspirante de la zona indígena.

También aseguró no saber que el partido quedaría sujeto a diversas sanciones y dijo haberse enterado por preguntas de los reporteros. Sin presentar alguna prueba, comentó que la candidata fue registrada porque el partido cumplió con los protocolos.

Sin embargo y en rueda de prensa, Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral, dijo que van a solicitar a la Secretaría Ejecutiva la apertura de un procedimiento sancionador por el uso del nombre de persona afectada para registrar una candidatura sin su consentimiento.

Otro procedimiento sancionador que será abierto, se encuentra en las instancias de transparencia por el uso de datos personales de manera ilegal, y además está abierta una investigación sobre el caso particular de la postulación de la candidatura con la que el instituto político dijo que jugaba por esa alcaldía, que registró como la cuota de candidatura indígena.

Anunció también la presentación de una notificación al Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, por el uso de datos de manera fraudulenta, en forma adicional a los seguimientos que deberán dar las instancias a las violaciones a la ley electoral.