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Propone RGC reformar la Ley Ambiental local

Introducirá conceptos que ayuden a aplicar el impuesto ecológico

Por María Elena Cruz

Marzo 10, 2025 03:00 a.m.

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A más de un año de haber publicado el primer decreto para la creación del impuesto ecológico, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado, para establecer conceptos que permitan la materialización de dicho gravamen, dirigido a empresas que emiten gases contaminantes.

La iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Sesión Ordinaria del 11 de marzo, del Congreso del Estado. En la exposición de motivos, se hace el recuento de que desde el 18 de diciembre de 2023 se publicó el decreto 0898 en el Periódico Oficial del Estado, que reforma la Ley de Hacienda del Estado para incluir el capítulo VI denominado “Impuestos Ecológicos”, a entrar en función a partir del 1 de abril de 2024. Desde entonces, se han hecho diversas reformas para aplazar su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2025.

Se señala que es necesario implementar diversas adecuaciones a la Ley Ambiental del Estado, tendientes a la implementación de las disposiciones aprobadas por el Congreso, lo que “permitirá materializar las modificaciones efectuadas por a la Ley de Hacienda”.

La iniciativa propone introducir las definiciones de Contaminante Criterio, Fuente de Área de Contaminación, Fuente Fija de Contaminación, Fuente Móvil de Contaminación y Fuente Natural de Contaminación o Biogénica, relevantes para la medición de contaminantes por las empresas para calcular los impuestos que deben pagar por los mismos.

Además, en el tercer artículo transitorio, la iniciativa establece que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) tendrá un plazo de 90 días hábiles a partir de la publicación del decreto para adecuar el Reglamento de la Ley Ambiental del Estado, en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, así como aquellas disposiciones administrativas que en su caso resulten necesarias para el correcto funcionamiento de las disposiciones que se aprueban.