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Con la finalidad de evitar que funcionarios aspirantes a puestos de elección popular aprovechen sus relaciones en esferas de Gobierno y los reflectores que apuntan hacia sus cargos, el diputado Edgardo Hernández Contreras presentó una iniciativa de reforma legal para incrementar el tiempo de separación del puesto de trabajo, de 90 días, a todo un año.
La reforma sería a los artículos 47 y 48 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y se orientaría a los funcionarios públicos estatales o municipales que pretendan ser diputados locales o para los diputados locales en funciones que pretendan reelegirse.
En su exposición de motivos, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) precisó que la Constitución local cita a quienes sean secretarios, subsecretarios, Fiscal General del Estado, titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración a los que se otorga autonomía, así como funcionarios de elección popular de los Ayuntamientos y miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio activo o que tengan mando en el estado.
El año para estar “en la banca” también aplicaría a quienes ejerzan mando y atribuciones en la Policía o sean magistrados y jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; titular de alguno de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o descentralizados de la administración pública federal, servidor público de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal o municipal, con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad.
El legislador considera que “todos los funcionarios anteriormente mencionados tienen ventajas sobre los demás ciudadanos. Ellos, en el puesto que desempeñan, tienen la posibilidad de recaudar dinero para su campaña, de crear una red de relaciones dentro del Gobierno o de tomar los reflectores para impulsar su imagen”.
Reiteró que con esta iniciativa busca “emparejar” las condiciones para los comicios, de manera que no se utilicen los cargos públicos para un beneficio propio en decremento de la sociedad.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; Especial para la Reforma Político Electoral.
