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Gasto ineficiente Deporte y alcohol
Al parecer, 2017 va a ser un año más en la cadena de subejercicios de los fondos destinados para seguridad pública.
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La cuestión ya no es saber si el dinero contra el crimen se va a quedar en las cuentas bancarias. El asunto es cuestionar por qué las autoridades de varias administraciones estatales no han podido asumir el compromiso de ejercer esos recursos cumpliendo los requisitos de planeación y eficiencia, sin dejar un solo centavo sin ejercer.
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Apenas hace unos meses, el gobernador Juan Manuel Carreras López había tenido que salir a explicar que la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) correspondientes a 2016 ya se habían ejercido, para salir al paso de la revelación que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
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Esto fue en marzo de 2018, más de un año y tres meses después de finalizado el ejercicio.
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Como en muchos otros casos, es el gobernador el que tiene que salir el paso a la situación. El Gabinete de Seguridad no ha salido a explicar por qué no se han ejercido los fondos a su cargo.
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Ayer, los partidos de la Copa Gobernador, que el viernes degeneraron en una bronca en buena medida por falta de vigilancia, ayer parecían una reunión del Gabinete de Seguridad: muchas patrullas, y hasta uno de los imponentes vehículos tácticos conocidos como “rhinos”.
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El asunto de la seguridad quedó así resuelto, pero el otro factor que detonó la violencia continuó: la venta de cerveza.
El asunto da para enfocar la atención sobre el asunto. ¿De quién fue la idea de vender alcohol en un espacio en el que la normatividad lo prohíbe? ¿Tienen los permisos necesarios para eso? ¿Cuál es el destino de los recursos? ¿Por qué los mensajes cruzados de promover el deporte, para supuestamente alejar a las personas de las sustancias peligrosas, y permitir la venta de una?
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El Inpode y otras dependencias deben bastante explicaciones sobre el asunto.
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Al igual que ocurre con el destino de los recursos recaudados por la renta de sillas para la Procesión del Silencio. Aquí también habría que apuntar si hay alguna autorización oficial para el uso de la vía pública. ¿Se les da a los organizadores el mismo trato que al resto de las personas?
Apenas al arranque de las campañas, y las autoridades electorales ya tienen un posible delito electoral que investigar.
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El arranque del proselitismo de José Luis Romero Calzada por ganar la diputación federal del segundo distrito incluyó claros toques religiosos.
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Conociendo al legislador, no es descartable que haya sido una idea planeada para levantar controversia, algo a lo que el diputado es un adicto.
Pero es posible que en su intención, haya ido demasiado lejos.
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¡HASTA MAÑANA!
Al parecer, 2017 va a ser un año más en la cadena de subejercicios de los fondos destinados para seguridad pública.
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La cuestión ya no es saber si el dinero contra el crimen se va a quedar en las cuentas bancarias. El asunto es cuestionar por qué las autoridades de varias administraciones estatales no han podido asumir el compromiso de ejercer esos recursos cumpliendo los requisitos de planeación y eficiencia, sin dejar un solo centavo sin ejercer.
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Apenas hace unos meses, el gobernador Juan Manuel Carreras López había tenido que salir a explicar que la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) correspondientes a 2016 ya se habían ejercido, para salir al paso de la revelación que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
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Esto fue en marzo de 2018, más de un año y tres meses después de finalizado el ejercicio.
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Como en muchos otros casos, es el gobernador el que tiene que salir el paso a la situación. El Gabinete de Seguridad no ha salido a explicar por qué no se han ejercido los fondos a su cargo.
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Ayer, los partidos de la Copa Gobernador, que el viernes degeneraron en una bronca en buena medida por falta de vigilancia, ayer parecían una reunión del Gabinete de Seguridad: muchas patrullas, y hasta uno de los imponentes vehículos tácticos conocidos como “rhinos”.
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El asunto de la seguridad quedó así resuelto, pero el otro factor que detonó la violencia continuó: la venta de cerveza.
El asunto da para enfocar la atención sobre el asunto. ¿De quién fue la idea de vender alcohol en un espacio en el que la normatividad lo prohíbe? ¿Tienen los permisos necesarios para eso? ¿Cuál es el destino de los recursos? ¿Por qué los mensajes cruzados de promover el deporte, para supuestamente alejar a las personas de las sustancias peligrosas, y permitir la venta de una?
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El Inpode y otras dependencias deben bastante explicaciones sobre el asunto.
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Al igual que ocurre con el destino de los recursos recaudados por la renta de sillas para la Procesión del Silencio. Aquí también habría que apuntar si hay alguna autorización oficial para el uso de la vía pública. ¿Se les da a los organizadores el mismo trato que al resto de las personas?
Apenas al arranque de las campañas, y las autoridades electorales ya tienen un posible delito electoral que investigar.
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El arranque del proselitismo de José Luis Romero Calzada por ganar la diputación federal del segundo distrito incluyó claros toques religiosos.
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Conociendo al legislador, no es descartable que haya sido una idea planeada para levantar controversia, algo a lo que el diputado es un adicto.
Pero es posible que en su intención, haya ido demasiado lejos.
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¡HASTA MAÑANA!
