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“Quitar dinero a SL para Pozos sería a lo cochino”

El regidor capitalino Alejandro Casillas calificó el decreto de mal hecho

Por Martín Rodríguez

Agosto 03, 2024 03:00 a.m.

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“El anuncio de que el gobierno estatal ya está listo para tomar las participaciones que va a repartir al municipio de Villa de Pozos, más bien suena a lo que han venido haciendo con la promoción del decreto que aprobó el Congreso del Estado, a lo chino, a lo cochino y mal hecho”, aseguró el regidor Alejandro Casillas Torres.

Explicó que desde un principio se había advertido que la entrada en vigor del municipio debió ser el 1 de octubre, o en su caso, nombrando a un equipo de gobierno de transición, para haberse ahorrado todas las controversias, que incluyen la mala redacción del artículo quinto transitorio.

El ordenamiento pide al Ayuntamiento prestar los servicios, cuando el Ayuntamiento es un órgano de gobierno compuesto por presidente municipal síndicos y regidores no por ejecutores de acciones.

Dijo que lo primero que debería tener el gobierno es cortesía y voluntad, porque tanto ellos como el Congreso están tratando de enmendar errores con más errores, porque la incompetencia no es de los miembros del Cabildo, sino de quienes generaron el decreto. 

Explicó que los integrantes del ayuntamiento de San Luis tienen la obligación de proteger el patrimonio de la capital, y eso se debe apegar a la legalidad.

“Hasta hace poco representábamos al municipio de Pozos, pero en la sesión donde fueron analizados los términos del decreto, yo mismo dije que hubieran agregado que entraría en vigor el 1 de octubre y nos hubiéramos ahorrado todo lo que está pasando”.

Explicó que si quien tenía prisa por hacer el municipio es el Gobierno del Estado, debió tener previsto garantizar la gobernabilidad y asegurarse de los servicios en el municipio nuevo.

Recordó que la alcaldía de la capital está prestando servicios por el artículo quinto transitorio, pero se debe recordar que el ayuntamiento está compuesto por alcalde, síndicos y regidores, y debió decir que el alcalde y sus funcionarios prestarían los servicios. 

“Hasta en esos detalles no tuvieron cuidado, porque el decreto habría dicho que los servicios deben ser prestados por quien cumple la función ejecutiva”, aseguró.