Van jueces a la CIDH
Busca personal del PJF apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Asociación Internacional de Jueces cuestiona proyecto de la 4T
Además de la serie de protestas colectivas realizadas en los últimos días, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en lo individual también presentaron sus denuncias y pidieron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues consideran que la decisión del gobierno mexicano de transformar ese Poder afectan a los integrantes de esa instancia, anunció Norma Angélica Ávila Reyna, jueza del Octavo de Distrito del Noveno Circuito, con cabecera en San Luis Potosí.
Por otra parte, la Asociación Internacional de Jueces (AIJ) expresó sus preocupaciones en torno del proyecto, pues iría en contra de los principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los poderes judiciales de sus estados miembros.
En entrevista, Angélica Ávila dijo que los miembros la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED) no persiguen un fin personal sino conservar los términos de la justicia mexicana, la independencia del Poder Judicial, no un cargo ni un salario, sino precisamente asegurarse de la integridad del contrapeso del estado.
Dijo esperar que toda la reforma se detenga con el ataque jurídico a través de las promociones de los integrantes de la JUFED. La promoción y solicitud ante la CIDH incluye a personas ya en retiro, quienes han promovido el establecimiento de medidas cautelares. También promueven juicios de derechos del ciudadano, y hay algunas promociones en lo individual entre jueces y magistrados.
Por otra parte, desde Roma, Italia, la AIJ expresó sus preocupaciones sobre una propuesta de reforma al sistema judicial en México, pues afectaría la estructura y el proceso de selección de jueces.
La organización que agrupa a funcionarios judiciales de todo el mundo señaló que reforma podría contradecir los Principios Básicos sobre la Independencia del Poder Judicial de la ONU, que establecen que los jueces deben ser seleccionados de manera justa, con una protección adecuada contra nombramientos indebidos y sin discriminación. Además, enfatizó la necesidad de garantizar la independencia y seguridad en el mandato de los jueces y magistrados.
