Decreto de Pozos, una pifia desde el principio

La alcaldía de la capital se arriesga a incurrir en una responsabilidad legal que se llama usurpación de funciones, si procesa trámites de Villa de Pozos, porque esos trabajos son responsabilidad de quien resulte ser el gobernante de ese municipio, informó el exdirector jurídico de la alcaldía de la capital, Óscar Eduardo García Nava.

Mencionó que esos puntos son antiguos asuntos de discusión de los intentos anteriores por crear el municipio conurbado y agregó que lo único que los diputados locales tienen que hacer es sacar un decreto parchando la pifia que se aventaron.

Explicó que en este tipo de temas, donde hay un mandamiento federal que es superior, el "mientras" no existe y se tiene que considerar qué es o no se es.

Dijo que nadie puede actuar de buena fe en un tema legal de esas implicaciones, es decir, si la ley no lo ordena no se debe hacer.

"Yo sé que a lo mejor el alcalde Enrique Galindo tiene muy buena voluntad, o muy buena fe de absorber esas funciones".

Sin embargo, el alcalde de la capital tiene la obligación de cubrirse legalmente y atender las condiciones que manda la ley.

Precisó que el artículo 115 de la Constitución Federal documentaría una invasión de competencias y de facultades en un municipio ajeno.

El decreto aprobado por el Congreso desde el principio es una pifia, porque crearon un municipio sin autoridades.

Añadió que hay inconsistencias en el resultado del plebiscito, pero ahora los diputados dicen que la remunicipalización sí procede, y ante esto cabría preguntar ¿a quién le urge?

Explicó que cuando se toma una decisión improvisada como la creación del municipio en los términos que no están ajustados a la ley, las cosas nunca salen bien.