Revisión federal a empresas fantasma

Hacienda, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción seguirían desvíos de autoridades: Santiago Nieto

Revisión federal a empresas fantasma

A-AA+

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía Anticorrupción pueden investigar en los ámbitos de sus respectivas competencias situaciones de “empresas fachada”, en los casos donde los recursos tengan un origen federal aunque sean ejercidos por el estado, juzgó Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fepade y funcionario del nuevo gobierno federal asignado a la lucha contra el lavado de dinero.

Tras ofrecer una conferencia en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UASLP, Santiago Nieto dijo que según un reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México tiene severos problemas para enfrentar el lavado de dinero.

El próximo titular de la UIF, detalló que la dependencia se centra en la delincuencia organizada, la evasión fiscal, pero también en las “empresas fachada”.

En ese sentido, explicó que a veces, las mismas autoridades crean compañíaspara desviar recursos, en una conducta ilícita que la legislación vigente reconoce como peculado.

El próximo funcionario señaló que una de las críticas más fuertes de GAFI a México, es que no ha logrado avanzar en un sistema de combate a la corrupción, que tenga como resultado el ejercicio de la acción penal.

“No tengo los datos del caso de San Luis Potosí, sin embargo, lo que sí puedo decir, es que de acuerdo con el informe GAFI (…) el estado mexicano tiene serios problemas para poder atender los temas relacionados con lavado de dinero”, refirió.

Acotó que, si bien desconoce el caso de la creación de presuntas empresas fantasma a manos de diputados de la pasada Legislatura, existen evidencias de casos similares en Chihuahua con el gobierno de César Duarte, Veracruz con Javier Duarte, Nayarit con Roberto Sandoval o Quintana Roo con Roberto Borge.

“Son casos de empresas fantasma, que terminan desviando los recursos del erario público para fines particulares o para fines electorales”, concluyó el próximo funcionario federal.