San Luis, foco rojo en delitos contra menores
El estado, entre los de mayor alza de víctimas, revela REDIM

San Luis Potosí se ubicó como el tercer lugar nacional con mayor proporción de población en la población infantil que enfrenta condiciones de abandono y negligencia, además de estar entre las que experimentaron mayores incrementos en feminicidios, trata y carencia de seguridad social, de acuerdo con el Balance Anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), publicado el 5 de enero. El dato coloca a la entidad como uno de los principales focos rojos del país en agresiones contra menores.
San Luis Potosí enfrenta mayor incremento en trata de menores
En el caso de la trata de personas menores de edad, San Luis Potosí enfrentó el mayor incremento de víctimas entre 2023 y 2024.
El estudio señala que en materia de abandono y negligencia, el estado sólo es superado en las mediciones por el Estado de México e Hidalgo.
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Incrementos en feminicidios y carencia de seguridad social
Y aunque no se ubica entre los estados con mayor incidencia, sí experimentó los mayores crecimientos, de 1.2 por ciento de infancia afectada por acceso a la seguridad en 2024.
Sucede algo similar en feminicidio, en donde, detrás de Michoacán y Guerrero, San Luis observó el mayor incremento en víctimas de feminicidios de menores de 17 años entre 2023 y 2024.
Además, a nivel nacional, la desaparición de menores aumentó 30.3% en el último año, una tendencia a la que la entidad no es ajena y que suele estar vinculada a redes de trata.
La Fundación Granito de Arena, organización nacional especializada en acompañamiento psicológico y emocional a menores afectados, explicó que estas cifras deben leerse con cuidado, ya que existe una diferencia importante entre los datos que reportan fiscalías y corporaciones policiacas y los registros de la Secretaría de Salud.
Mientras las estadísticas policiales pueden ubicar al estado en posiciones distintas, los datos del sector salud suelen ser más altos porque reflejan a víctimas que acuden a clínicas y hospitales en busca de atención médica, aunque no siempre presenten una denuncia penal formal.
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