"Se ha informado sobre uso de recursos", revira Ceepac a Finanzas

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) señaló que sí se han entregado mes con mes informes correspondientes al uso del recurso público, en respuesta a lo señalado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), respecto a que no han justificado 170 millones de pesos gastados en el proceso electoral.

A través de un comunicado, la consejera presidenta, Paloma Blanco López, señaló que han cumplido con los informes de egresos establecidos en los mecanismos y formatos de transparencia.

Además, informó que la Sefin solicitó al órgano electoral que detallara el destino de los últimos 9 millones de pesos adicionales solicitados, lo cual, fue entregado a través de un oficio desde el 11 de junio de 2024.

"De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, la revisión a las cuentas presupuestales se realiza por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), una vez finalizado el ejercicio fiscal anual, y Ceepac ha cumplido con ellas como lo establece la normativa en la materia, por lo que 'comprobar' el ejercicio de 170 millones de pesos en junio resulta un acto atípico", señala.

Aún así, el Ceepac enfatizó que se compromete a informar a la Sefin sobre los recursos ya ejercidos durante la siguiente semana y expresó su confianza en que la solicitud de ampliación presupuestal sea atendida, recordando que este año hubo un recorte presupuestal del 58 por ciento con respecto al presupuesto solicitado en un inicio, así como un déficit en Gasto Ordinario de los meses de abril, mayo y junio.

Precisaron que estos 9 millones solicitados serán utilizados para las siguientes actividades, recordando que el proceso electoral concluye en septiembre, con la declaratoria de validez de los ayuntamientos: recepción y atención de impugnaciones; cierre de oficinas de los comités municipales y comisiones distritales; fletes para la devolución del mobiliario; conclusión de cargos de integrantes de los organismos desconcentrados; finiquitar los contratos de personas capacitadoras y supervisoras; erogaciones adicionales relacionadas con la recolección, destrucción y reciclaje de material y documentación electoral; retiro de propaganda política y la liquidación de partidos políticos que pierden su registro.