Sin justificación, DIF de 9 estados anexa a usuarios

En siete años, los sistemas DIF de estados y municipios de nueve entidades han erogado más de 30 millones de pesos en convenios con centros de rehabilitación de adicciones, mejor conocidos como anexos, para enviar arbitrariamente a personas de grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, así como a personas de la tercera edad, que quedan expuestas a conductas dañinas y a tratos abusivos, reveló una investigación de Quinto Elemento Lab.

Estas prácticas fueron descalificadas, por exponer a los afectados a riesgos injustificados, por expertos consultados en un reportaje elaborado por la periodista Elva Mendoza y que fue compartido por el laboratorio de investigación periodística con Pulso.

La investigación encontró que entre 2015 y 2022, los DIF de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones.

Dichas entidades son Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Tabasco, Tlaxcala y el Estado de México

En esas entidades se ha internado a personas de estos sectores vulnerables en centros en los que se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.

“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.

La Comisión Nacional Contra las adicciones (Conadic) estima que hay alrededor de 2 mil 280 centros que ofrecen servicios contra las adicciones y solo 247 cumplen con la normatividad. 

“Hay muchos que valen la pena y muchos otros que, francamente, no deberían de existir”, dijo en entrevista el titular de conadic, Gady Zabicky Sirot.

“(Los anexos) son cárceles privadas”, dijo ÉderLópez, Él y su familia fundaron y administraron once años el centro Despierta Hay una Solución, en Morelia.