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Durante 2017, San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar nacional en cuanto a prevalencia de corrupción entre la población, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En conmemoración del “Día internacional contra la corrupción”, mañana 9 de diciembre, el organismo estadístico reportó que el año pasado la entidad registró una prevalencia de 16.7 puntos porcentuales en la ciudadanía de 18 años y más víctimas de ese hecho respecto a la población que tuvo contacto con algún servidor público.
El informe gubernamental comunicó que la entidad que presentó mayor porcentaje fue la Ciudad de México con 20.1 por ciento, después les siguen Quintana Roo con 17.6 por ciento, Morelos con 17.2 por ciento, San Luis Potosí con 16.7 por ciento y Chiapas 16.2 por ciento.
Sin embargo, en cuanto a porcentaje de unidades económicas (empresas, comercios o servicios) víctimas de dichas acciones por parte de funcionarios referente al total de unidades económicas, el Estado se posicionó en el sitio 19 con 3.2 por ciento.
Los datos comunicaron que, entre la población de México, cuando acudió al Gobierno Federal requirieron aplicar la “mordida” principalmente para trámites ante el Ministerio Público; en la administración estatal para permisos relacionados con la propiedad; y en el Ayuntamiento para trámites municipales.
A su vez, las empresas se sometieron sobre todo a la “medida” en cuanto al Gobierno Federal, fue para otros procesos judiciales o mercantiles; en el Estatal para inspecciones de Protección Civil; y en el municipio para licencias o permisos especiales.
El informe de estadística acotó que la prevalencia tanto de la ciudadanía y las unidades económicas, coincidió en las prácticas de corrupción en la gestión municipal y estatal para el contacto con autoridades de seguridad pública.
Para el Inegi, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.
En conmemoración del “Día internacional contra la corrupción”, mañana 9 de diciembre, el organismo estadístico reportó que el año pasado la entidad registró una prevalencia de 16.7 puntos porcentuales en la ciudadanía de 18 años y más víctimas de ese hecho respecto a la población que tuvo contacto con algún servidor público.
El informe gubernamental comunicó que la entidad que presentó mayor porcentaje fue la Ciudad de México con 20.1 por ciento, después les siguen Quintana Roo con 17.6 por ciento, Morelos con 17.2 por ciento, San Luis Potosí con 16.7 por ciento y Chiapas 16.2 por ciento.
Sin embargo, en cuanto a porcentaje de unidades económicas (empresas, comercios o servicios) víctimas de dichas acciones por parte de funcionarios referente al total de unidades económicas, el Estado se posicionó en el sitio 19 con 3.2 por ciento.
Los datos comunicaron que, entre la población de México, cuando acudió al Gobierno Federal requirieron aplicar la “mordida” principalmente para trámites ante el Ministerio Público; en la administración estatal para permisos relacionados con la propiedad; y en el Ayuntamiento para trámites municipales.
A su vez, las empresas se sometieron sobre todo a la “medida” en cuanto al Gobierno Federal, fue para otros procesos judiciales o mercantiles; en el Estatal para inspecciones de Protección Civil; y en el municipio para licencias o permisos especiales.
El informe de estadística acotó que la prevalencia tanto de la ciudadanía y las unidades económicas, coincidió en las prácticas de corrupción en la gestión municipal y estatal para el contacto con autoridades de seguridad pública.
Para el Inegi, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.
