Gama plantea revisar cobro por cambio de identidad

El diputado local Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, reconoció que el cobro de casi 1 mil 500 pesos por el reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí puede ser elevado y planteó la posibilidad de revisarlo, luego de que colectivos de la comunidad LGBT++ denunciaron que este trámite condiciona el ejercicio de un derecho humano a una capacidad económica.

Tras el posicionamiento emitido por organizaciones de la diversidad sexual, el legislador informó que sostuvo un primer acercamiento con integrantes de la comunidad LGBT++, a quienes manifestó apertura para dialogar y analizar mecanismos que permitan reducir el costo del trámite. Explicó que el cobro fue incorporado como parte de las propuestas impositivas presentadas por ayuntamientos y el gobierno estatal cuando se autorizaron las leyes de ingresos, aunque admitió que el esquema actual puede ser revisado con sensibilidad. "A lo mejor el monto puede ser alto, hay que revisarlo", expresó.

Gama Basarte señaló que el cobro puede modificarse y que existe disposición para establecer mecanismos transparentes y claros, así como para revisar el destino de los recursos que se recauden por este concepto. Añadió que incluso podría analizarse que dichos ingresos se destinen a atender problemáticas específicas de la población LGBT+, con el fin de que el cobro tenga un impacto social y no se limite únicamente a una medida recaudatoria.

La postura del diputado se da luego de que el colectivo Todes Trans denunciara que en San Luis Potosí el reconocimiento legal de la identidad de género tiene un costo aproximado de 1 mil 488 pesos, derivado de un trámite administrativo que permite modificar los datos personales en el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida.

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De acuerdo con el colectivo, este cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado modificó la Ley de Hacienda sin consulta ni aviso previo, condicionando así el ejercicio de un derecho humano a una obligación económica. El colectivo advirtió que el valor exigido no se desprende de manera clara del cálculo oficial de la UMA, lo que genera incertidumbre jurídica y afecta principalmente a personas trans y no binarias, quienes enfrentan exclusión laboral y precarización económica.