“Viciada”, legalidad de la ASE

Al prolongarse indefinidamente como encargada del despacho de la Auditoría Superior del Estado, se vician las actuaciones de este órgano de vigilancia y se abre la puerta a dejar legalmente nulas las revisiones a las cuentas públicas, advirtió al poder Legislativo Ramón Infante Guerrero, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En una carta, el comisionado ciudadano pide a los diputados que nombren a la brevedad un titular de la Auditoría Superior del Estado porque la permanencia indefinida de una encargada de despacho vicia la legalidad de las actuaciones del órgano de vigilancia. 

Expone que en casos de remoción o abandono del cargo en la Auditoría Superior del Estado, en efecto existe la figura del encargado del despacho, pero prevista con los lineamientos reglamentarios para que la duración de su encargo se limite sólo a un plazo concreto para designar al titular.

El Congreso es quien debe establecer ese lineamiento, sostuvo, cuando Edith Virginia Muñoz Gutiérrez lleva en la ASE más de 10 meses como encargada operativa del despacho. “El Sistema Estatal Anticorrupción es un rotundo fracaso y se simula cumplir con su objetivo”, señaló el comisionado firmante. 

Infante Guerrero se quejó además de la invasión de esferas de facultad del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, quien decidió la designación de una nueva comisionada ciudadana por paridad de género. Los comisionados ciudadanos promovieron un amparo que el pasado 8 del presente mes derivó en la inmediata suspensión del acto reclamado. El nombramiento de esa nueva comisionada ciudadana quedó suspendido en lo que se resuelve de fondo el juicio.

El juez federal de la causa ordenó al coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para que informe quién ostenta el carácter de representante de la Comisión de Selección que nombró con rapidez a esta nueva comisionada ciudadana. 

El comisionado Infante señaló al secretario técnico como el responsable de desviar los recursos asignados para que el Comité de Participación Ciudadana opere, pues carece de recursos, oficina, papelería y personal de asistencia. En cambio, el secretario técnico se asignó a sí mismo su sueldo y el de colaboradores que contrató a su arbitrio completo.