Nadie cumple acuerdo sobre la deuda de Villa de Pozos

En estricto sentido legal, el martes 4 de febrero vencerá el plazo para que el municipio de Villa de Pozos acuerde con la alcaldía capitalina el traspaso de la deuda de más de 52 millones de pesos con Banorte además de otros pasivos, sin que a la fecha exista una definición clara de ninguna de las partes.

El Decreto 1074 del Congreso que creó el municipio número 59 del estado, precisa en su título Décimo Octavo que "Dentro de un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la instalación del Concejo Municipal, el Ayuntamiento de Villa de Pozos deberá elaborar un estudio financiero, acompañado de una propuesta de Convenio entre éste y la alcaldía capitalina, mediante el cual, de así ser aceptado por ambas partes, se transfiera un porcentaje de los pasivos y deuda pública preexistentes en este último".

Los 90 días hábiles se cuentan a partir del 1 de octubre de 2024, fecha en la que las y los integrantes del Concejo rindieron su protesta.

Hasta donde se sabe Pozos no elaboró el estudio financiero ordenado en el Decreto ni la propuesta de convenio. La postura del Concejo, emitida por el secretario general René Oyarvide Ibarra, es que la alcaldía capitalina debe demostrar, primero, que el dinero de la deuda y otros pasivos se aplicaron efectivamente en beneficio para Pozos, aunque esta condicionante no se incluye en el decreto del Congreso.

El Congreso, según declaraciones de las diputadas como Dulcelina Sánchez y Patricia Aradillas, se "lavó las manos" en el proceso de definir la deuda heredable pese a que el Decreto ordena que el porcentaje de los pasivos a repartir entre ambos municipios debe ser determinado por los dos ayuntamientos la Comisión de Hacienda del Congreso y Finanzas.