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Natalia Castillo, candidata a diputada local por el Distrito 05 por la alianza partidaria PAN-MC, señaló que San Luis Potosí está siendo atacado por una oleada delictiva sin precedentes, producto de la negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero especialmente del Gobierno del Estado que ha sido incapaz de definir una estrategia, ni articular acciones eficaces para proteger la vida, integridad y patrimonio de los potosinos.
“El 21 de junio de 2017 se declaró la Alerta de Género para 6 municipios de San Luis Potosí, desde ese día a la fecha, la violencia feminicida no ha dado tregua y solamente en lo que llevamos de 2018, se estima que el número de feminicidios llega a 23”.
Explicó que a la Alerta de Género ha sido inútil por las siguientes razones: “primero porque no existe certeza sobre la eficacia de las acciones realizadas, ni su impacto y también se ignora si el diagnóstico que se utilizó para emitirla, sirvió de base para definirlas”.
Segundo porque no existe transparencia sobre los recursos públicos utilizados y tampoco se sabe si existió vigilancia y seguimiento por parte de la sociedad civil, lo que constituye una actuación punible ante la incidencia que se mantiene y aumenta pese a la canalización de dinero que debería ser empleado en la prevención de la violencia feminicida.
“El 21 de junio de 2017 se declaró la Alerta de Género para 6 municipios de San Luis Potosí, desde ese día a la fecha, la violencia feminicida no ha dado tregua y solamente en lo que llevamos de 2018, se estima que el número de feminicidios llega a 23”.
Explicó que a la Alerta de Género ha sido inútil por las siguientes razones: “primero porque no existe certeza sobre la eficacia de las acciones realizadas, ni su impacto y también se ignora si el diagnóstico que se utilizó para emitirla, sirvió de base para definirlas”.
Segundo porque no existe transparencia sobre los recursos públicos utilizados y tampoco se sabe si existió vigilancia y seguimiento por parte de la sociedad civil, lo que constituye una actuación punible ante la incidencia que se mantiene y aumenta pese a la canalización de dinero que debería ser empleado en la prevención de la violencia feminicida.
