Guaruras para pedir el voto

Parece que no sabemos las cosas, pero las sabemos. Además, nos hemos acostumbrado a la anomalía, en la pose de ignorarla para que nos escandalice menos. 

Desde luego, esta capacidad perdida de escandalizarnos le quita presión a nuestros gobiernos, de todos los niveles. Se les nota menos la incompetencia porque no hay quién se los grite, o eso suponen.

Un segundo motín en la máxima prisión estatal en menos de dos meses, sin lesionados en el reporte oficial, es incidente menor. En el anterior inmediato murieron tres, así que la autoridad, con mucho garbo, atajó que no pasó nada y “se recobró el orden y la tranquilidad”. 

Gobierno anunció también que se formó una “comisión para entablar diálogo” y atender peticiones que no deberían ser cuestión de “diálogo” en una cárcel, como los decomisos de teléfonos celulares. Hay mucho más que eso, como pudo verse en redes sociales esa tarde del motín: un rastreo simple permitió ver videos y fotos oportunas tomados y subidos a distintos perfiles por los propios internos. 

Vistos los hechos, lo del “decomiso de celulares” como motivo oficial del enojo de los internos no debería serlo, porque se nota que los aparatos y el internet lo tienen a su total disposición. 

En las fotos se veía a internos moviéndose por distintas áreas de la cárcel con objetos contundentes, no se precisa si barras o palos, además de piezas de concreto. En cuanto al internet, los internos se han provisto de un servicio tan bueno, que lo adquiere hasta el personal penitenciario porque las restricciones de conexión son también para celadores y celadoras.

El “no pasa nada” y “todo está bajo control” en la penitenciaría es mera versión oficial. Se sabe incluso que de gobierno estatal han tocado a las puertas de penitenciaristas retirados hace años, a ver si les interesa volver al empleo. 

El negacionismo oficial no se limita al tema del control en las cárceles, fuera de ellas hay más campo para dar por nadería la violencia criminal. Allá quién quiera dar por “normal” que seis hombres armados se metan a un domicilio a asesinar a sus residentes, como ocurrió en una localidad de Tanlajás. El padre de familia salió a defender a sus hijos con un palo, le quitó el arma a un asaltante y con ella mató a dos, pero también a él le dispararon y murió.

Por si ronda la ocurrencia de bajarle el tono al tema con el móvil pasional o de litigio agrario como explicación, afuera de la casa asaltada quedaron tres motocicletas, dos armas de fuego cortas y una larga, una caja con decenas de ponchallantas y cartuchos percutidos calibre .9 milímetros.

Y antes que esto, no pasa como “normalidad” que un comando armado se detenga frente a la alcaldía de Cárdenas, deje cinco cadáveres y se retire sin molestia o abordaje alguno como ocurriò hace un mes.

La cifra de muertos marca algunos eventos, cierto, pero el flujo “normal” de asesinatos y hallazgos de cadáveres con signos de ejecución es constante. Por toda explicación, casi “justificación”, se encuadra la cuenta de homicidios a las pugnas entre cárteles, como si éstos tuvieran licencia para matar o algún tipo de concesión que exima a la autoridad de su responsabilidad constitucional.

La violencia criminal es todavía más preocupante en tiempos electorales. San Luis Potosí no es Chiapas, con campañas entre balazos, bloqueos y violencias, pero tampoco está exento de motivos para preocuparse. 

Hay candidatos que no incluyen a Guadalcázar en sus agendas proselitistas por una razón: hay que conseguir “permiso”, el aval de personas que controlan caminos, terracerías y localidades de ese extenso municipio. 

Una treintena de candidatos y candidatas han solicitado protección policial a las autoridades estatales y otros tres participantes han pedido resguardo federal. La Guardia Civil dice que dedica 2 agentes y un vehículo por candidato protegido, a un costo que no ha de ser una ganga, por cortas que sean las campañas. 

Aparte, no debe ser menor el impacto de distraer treinta vehículos de seguridad para atender los requerimientos de seguridad de candidatos en campaña. Sí, el gobierno atiende el tema, pero no por eso va a ser sano para la vida democrática que nos acostumbremos a candidatos con escolta policial por obvia inseguridad de los lugares que visitan.

El Universal publicó recién una infografía nacional de las entidades con mayor riesgo para hacer campañas políticas, por la violencia criminal. El concepto del gráfico destaca que el riesgo es para los opositores, es decir, para los candidatos no aprobados por grupos delictivos que controlan las regiones y municipios. Si bien San Luis Potosí no está entre los ocho estados más riesgosos (Sonora, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo y la Ciudad de México, sí aparece entre las entidades con regiones en las que “no hay condiciones para hacer política libremente”, como Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México en sus linderos con Michoacán y Guanajuato en la zona de refinerías y gasoductos. 

Son áreas de cuidado en San Luis Potosí los municipios vecinos a Zacatecas y a Tamaulipas, pero también Guanajuato. Pero el llamado “efecto cucaracha” que esgrimen las autoridades no se da solito ni aislado de lo que nuestras autoridades sean o no capaces de hacer en seguridad. No todo son grupos foráneos y la mejor prueba es nuestra cuenta de ejecuciones, embolsados y hallazgos macabros.

Si la frontera entre el gobierno y el crimen organizado se vuelve borrosa, es porque la gobernabilidad no alcanza en esas zonas. Simple, sencillo y sin réplicas.

Si damos por normalizado que los candidatos a un cargo de elección necesitan protección especial porque pedir el voto es una actividad de riesgo, hoy serán los candidatos y en unos años el riesgo criminal serán otras profesiones, otros oficios y otros negocios. 

No va a alcanzar el Estado para ponerles un par de guaruras y vehículo policial a todos.

ROLLOS SUELTOS 

¿RETIRO ESTRATÉGICO? “Te llevo para que me lleves” es una canción noventera de Gustavo Cerati, de letra sencilla y un sampleo pegadizo. Con algo de sentido musical, el ex fiscal José Luis Ruiz Contreras podría hacer algo parecido a “Me voy para que me traigan”, por su renuncia a unos meses de concluir el periodo para el que lo nombró el Congreso. Su expreso deseo de regresar al cargo cierra la idea: renuncia para estar en posibilidad de que lo elijan de nuevo, en octubre próximo, pues literalmente ya no se trataría de una elección consecutiva. 

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BAÑADO EN ELOGIOS. Y para mayor muestra de afinidad con el gobierno estatal, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, se refirió a Ruiz Contreras como un fiscal competente y sin la tentación del protagonismo. 

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SOBRE PEDIDO. Otro dato de la relación especial entre Ruiz Contreras y este gobierno: los casos que ha promovido el Ejecutivo sobre presunta corrupción y uso indebido de la función pública no los ha tocado la Fiscalía Anticorrupción, sino Delitos Patrimoniales, que depende de Fiscalía General. 

LA TIRA DE LAS NETAS

LO QUE FALTABA: ESTADOS ALTERNOS

Las grandes compañías tecnológicas están acumulando un poder enorme que dificulta que los Estados puedan controlarlas e imponerles normativas y legislaciones. “

Antonio Diéguez, filósofo y epistemólogo español, enfocado a filosofía de la ciencia, respecto del poder de la Inteligencia Artificial y las Redes Sociales. El Mundo (4/V). 

VÍCTIMAS DEL FRACASO PENITENCIARIO

El sistema penitenciario es una mierda, es una basura, no sirve para nada. Pero en el lado humano sí se destrozan vidas, sí impacta no sólo a la persona que está dentro, sino a los que están alrededor”.

Pilar Couto, actriz que encarna a la protagonista de la obra “La inundación en la siembra”, sobre el desastre familiar que atrae el sistema judicial y la fabricación de culpables, basada en hechos reales. Reforma (4/V).