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La gestión de la Legislatura local no era para lograr el cobro de los laudos laborales, sino para sancionar a los servidores públicos que fueron omisos y que cometieron una violación a la ley debido a que desatendieron el mandato de un tribunal, sentenció el analista jurídico Jorge Chessal Palau.
Asumió lo anterior luego de que la diputada Xitlálic Sánchez Servín, presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, justificó que mientras exista disposición de las alcaldías de pagar los laudos a los empleados, los legisladores están restringidos, pues la prioridad es “proteger” los derechos laborales.
El pretexto de la congresista panista surgió tras el aval del Congreso del Estado, de dejar sin efecto dos de tres juicios de responsabilidad contra de diversos ex servidores públicos y personal en función del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
Para Chessal Palau, el Poder Legislativo debió haber abierto un procedimiento de responsabilidad y haber notificado a los funcionarios, y éstos aportar pruebas en el sentido de que tenían cierta justificación, y luego resolver.
Sin embargo, el legista consideró que el Legislativo se abstuvo de hacerlo nada más por el hecho de que ya les pagaron a los burócratas, siendo que son dos aspectos distintos porque “el Congreso no es cobrador de los trabajadores frente a los ayuntamientos”.
Según el abogado, la materia de responsabilidad de los aludidos, es haber desobedecido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), y esto quedó configurado desde el momento en que no se atendió el mandato y el juzgado pidió que los sancionaran.
“El argumento por el cual el Congreso del Estado los está exculpando, ese es el que no es jurídico. Yo no estoy diciendo que los ayuntamientos sean culpables de nada, lo que sí estoy diciendo, es que la explicación que está dando el Congreso para no sancionar es absurda”, declaró.
Cuestionado sobre si la determinación de este caso se dio por los tiempos electorales, opinó que si fuera un Poder Legislativo racional podría dársele esa lectura, pero como es “la peor Legislatura” y cada semana hacen disparates, “pues es un disparate más”, concluyó.
Asumió lo anterior luego de que la diputada Xitlálic Sánchez Servín, presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, justificó que mientras exista disposición de las alcaldías de pagar los laudos a los empleados, los legisladores están restringidos, pues la prioridad es “proteger” los derechos laborales.
El pretexto de la congresista panista surgió tras el aval del Congreso del Estado, de dejar sin efecto dos de tres juicios de responsabilidad contra de diversos ex servidores públicos y personal en función del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
Para Chessal Palau, el Poder Legislativo debió haber abierto un procedimiento de responsabilidad y haber notificado a los funcionarios, y éstos aportar pruebas en el sentido de que tenían cierta justificación, y luego resolver.
Sin embargo, el legista consideró que el Legislativo se abstuvo de hacerlo nada más por el hecho de que ya les pagaron a los burócratas, siendo que son dos aspectos distintos porque “el Congreso no es cobrador de los trabajadores frente a los ayuntamientos”.
Según el abogado, la materia de responsabilidad de los aludidos, es haber desobedecido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), y esto quedó configurado desde el momento en que no se atendió el mandato y el juzgado pidió que los sancionaran.
“El argumento por el cual el Congreso del Estado los está exculpando, ese es el que no es jurídico. Yo no estoy diciendo que los ayuntamientos sean culpables de nada, lo que sí estoy diciendo, es que la explicación que está dando el Congreso para no sancionar es absurda”, declaró.
Cuestionado sobre si la determinación de este caso se dio por los tiempos electorales, opinó que si fuera un Poder Legislativo racional podría dársele esa lectura, pero como es “la peor Legislatura” y cada semana hacen disparates, “pues es un disparate más”, concluyó.
