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De 17 factores de riesgo existentes, la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Newmann Peña”, localizada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, presenta cinco, entre ellos lo relacionado a equipo médico, medicamentos y programas, revelaron datos del informe ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH.
Precisó que dicho concepto hace referencia a todas aquellas acciones u omisiones que, al no cumplirse la normatividad, “pudieran derivar en la materialización de un acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como una violación a los derechos humanos y, en su caso, un delito tipificado y sancionado por las leyes de la materia”.
Según el estudio sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y estados, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la institución potosina tiene una capacidad total para 85 personas, 55 hombres, 30 mujeres; y una población de 75 pacientes, 51 varones y 24 féminas.
La información precisó que en el rubro de personal requerido en cuanto a médicos: 3 psiquiatras, 2 paidopsiquiatras, 2 médicos generales, un internista, un neurólogo y un geriatra; en cuanto a enfermeros, 50 enfermeros psiquiátricos y 15 enfermeros generales; y sobre otros profesionales, un odontólogo, 2 psicólogos, un terapista y 3 trabajadores sociales.
El reporte del organismo autónomo nacional expuso referente a las condiciones de las instalaciones, que en la sala F del complejo, el techo presenta grietas y la losa está al descubierto.
En materia de equipo médico, medicamentos y programas, notificó que no cuenta con gabinete de rayos X, servicio de electroencefalografía, laboratorio de análisis clínicos y hospitalización parcial.
Aunado a lo anterior, enfatizó que en el tema de la terapia electroconvulsiva, la clínica especializada a cargo de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA), no cuenta con médico internista, por lo cual, la valoración la realiza el médico psiquiatra.
Advirtió que aunado a que en las instalaciones no cuentan con ningún programa de prevención, el personal de seguridad es insuficiente para cubrir las necesidades del establecimiento.
“Los factores de riesgo detectados durante las visitas de supervisión hacen evidente que no se están cumpliendo con los derechos contenidos en nuestra Constitución Política, ni con las disposiciones contenidas en las Leyes Nacionales e Instrumentos Internacionales sobre la materia”, sentenció sobre los hospitales psiquiátricos.
En el documento de 77 páginas, firmado por el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, se hacen 23 puntos recomendatarios a la UANL y las Secretarías de Salud Federal y de los estados.
Algunas de las recomendaciones solicitan: realizar gestiones para evaluar en materia de seguridad, se determine y, de ser el caso, se asigne el número de elementos de seguridad especializados; realizar una evaluación sobre las necesidades en materia de recursos humanos; dotar a las instituciones de un adecuado abastecimiento de medicamentos de cuadro básico y psicofármacos; y realizar una evaluación sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas áreas.
Precisó que dicho concepto hace referencia a todas aquellas acciones u omisiones que, al no cumplirse la normatividad, “pudieran derivar en la materialización de un acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como una violación a los derechos humanos y, en su caso, un delito tipificado y sancionado por las leyes de la materia”.
Según el estudio sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y estados, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la institución potosina tiene una capacidad total para 85 personas, 55 hombres, 30 mujeres; y una población de 75 pacientes, 51 varones y 24 féminas.
La información precisó que en el rubro de personal requerido en cuanto a médicos: 3 psiquiatras, 2 paidopsiquiatras, 2 médicos generales, un internista, un neurólogo y un geriatra; en cuanto a enfermeros, 50 enfermeros psiquiátricos y 15 enfermeros generales; y sobre otros profesionales, un odontólogo, 2 psicólogos, un terapista y 3 trabajadores sociales.
El reporte del organismo autónomo nacional expuso referente a las condiciones de las instalaciones, que en la sala F del complejo, el techo presenta grietas y la losa está al descubierto.
En materia de equipo médico, medicamentos y programas, notificó que no cuenta con gabinete de rayos X, servicio de electroencefalografía, laboratorio de análisis clínicos y hospitalización parcial.
Aunado a lo anterior, enfatizó que en el tema de la terapia electroconvulsiva, la clínica especializada a cargo de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA), no cuenta con médico internista, por lo cual, la valoración la realiza el médico psiquiatra.
Advirtió que aunado a que en las instalaciones no cuentan con ningún programa de prevención, el personal de seguridad es insuficiente para cubrir las necesidades del establecimiento.
“Los factores de riesgo detectados durante las visitas de supervisión hacen evidente que no se están cumpliendo con los derechos contenidos en nuestra Constitución Política, ni con las disposiciones contenidas en las Leyes Nacionales e Instrumentos Internacionales sobre la materia”, sentenció sobre los hospitales psiquiátricos.
En el documento de 77 páginas, firmado por el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, se hacen 23 puntos recomendatarios a la UANL y las Secretarías de Salud Federal y de los estados.
Algunas de las recomendaciones solicitan: realizar gestiones para evaluar en materia de seguridad, se determine y, de ser el caso, se asigne el número de elementos de seguridad especializados; realizar una evaluación sobre las necesidades en materia de recursos humanos; dotar a las instituciones de un adecuado abastecimiento de medicamentos de cuadro básico y psicofármacos; y realizar una evaluación sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas áreas.
