La delincuencia en las elecciones La doble tragedia
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con una grave crisis institucional de seguridad. Además, con los grupos de delincuencia organizada que usan el país como su patio de recreo, casi es factible que cualquier aspirante a cargo de elección popular tenga que pedir medidas de protección. Es cierto que San Luis Potosí es un estado que aparenta estar tranquilo, pero también lo es el hecho de que en algunos municipios se ha extendido la voz de alarma por la operación de grupos generadores de inseguridad. Este es un caldo muy peligroso para la temporada electoral, en la que de por sí algunos ganan elecciones no por sus méritos, sino por su habilidad para atropellar a los otros.
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Si a ese escenario político tortuoso se le agrega el caldo venenoso de la libre operación de la delincuencia, casi cualquier candidato puede temer y solicitar medidas de protección. De hecho, la violencia ha afectado a los aspirantes a cargos de elección popular de casi todos los partidos políticos. Lo que sigue es reflexionar si la solicitud de medidas de protección es adecuada, tomando en cuenta que en delitos del fuero federal y del fuero común, las investigaciones concluyen que los delincuentes están ligados a la policía y los agentes terminan siendo acusados de cualquiera de dos posibilidades: la primera es que actuaron porque se reúnen para intereses comunes con bandas delictivas y la segunda, porque una autoridad les ordenó ejercer la violencia.
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Hoy comienzan las campañas de candidatos a cargos de elección popular de San Luis Potosí. Desarrollarán una campaña de apenas un mes y unos cuantos días y de ahí quedarán definidas las fórmulas ganadoras en el paquete municipal de alcalde, síndicos y regidores más los suplentes, los quince diputados locales y sus respectivos suplentes que serán electos por distrito electoral local y los doce cargos de diputados de representación proporcional y los suplentes. Se espera que sean campañas de altura, de buen nivel de debate y las propuestas que cada tres años esperan los electores. Ahora tocará a la ciudadanía escuchar a los candidatos y tomar su decisión el 2 de junio.
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Con tacto, es como se resuelven los temas. Sin embargo, en materia de seguridad, hasta los mismos jefes se hacen bolas. Primero, las afectadas difunden la información de una agresión en su contra y luego las autoridades dicen que siempre no las agredieron y que solo les enseñaron la lengua. Si bien ellas mismas aseguran que han contado con asistencia de la Fiscalía General del Estado para rastrear terrenos señalados como peligrosos, parece que no todas las autoridades de seguridad están coordinadas, y se aprecia cuando en casos específicos, diversas autoridades traen una versión diferente de un mismo hecho delictivo. Lo importante no es tanto lo que digan, sino cómo van a garantizar la integridad de las buscadoras, cuando estuvieron a nada de encontrarse con un grupo delictivo.
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El trabajo de las buscadoras es una doble tragedia, porque además de tratar de localizar a sus desaparecidos, tienen que lidiar con casi toda clase de obstáculos y basta para ello recordar que precisamente se animaron a la búsqueda porque las autoridades no les respondieron. Se animaron a organizarse y ahora resulta que están más organizadas que la propia autoridad. Hacen su búsqueda y sólo cuentan con el apoyo de los peritos.
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¡HASTA MAÑANA!
