Nuevo saqueo
Al fin la secretaría de Desarrollo económico (Sedeco) cuenta con un nuevo titular. Ningún perfil nuevo ni de importancia, con todo y que los boletines oficiales se dediquen a justipreciar su persona y elogiar su experiencia que, por cierto no es ninguna; casi como todos los funcionarios de esta administración estatal. Nada que no se sepa.
Se trata de Jesús Salvador González Martínez, quien desde el inicio de esta administración estatal y hasta la segunda quincena de noviembre de 2023 se desempeñó como secretario de Finanzas; dependencia en la que, con todo y lo que pueda decir el gobernador, fue una absoluta nulidad. Recordemos, por ejemplo, que durante ese periodo nunca asistió a las juntas de gobierno de la dirección de Pensiones y, bueno, ya se sabe cómo vamos en ese asunto de las pensiones de los burócratas.
Y si el personaje nada sabía de finanzas, menos sabrá de desarrollo económico y relaciones empresariales, por lo que su llegada sólo puede explicar otro saqueo en los recursos públicos estatales. No es que uno quiera estar (como dijo el gobernador) “chingue y chingue”, pero no está por demás recordar que uno de los distingos del gallardismo ha sido la localización de “bolsas de dinero” dentro de todas las dependencias y al parecer ya encontraron la del fondo: el Fideicomiso público de inversión y administración para el desarrollo económico de San Luis Potosí.
Nada nuevo el cómo disponen del recurso público, están como muestras la secretaría de Salud, Desarrollo social, Colegio de bachilleres, la Universidad autónoma, los fondos de Fortalecimiento financiero y de Fortalecimiento a la Seguridad, la indolente y perversa retención que hacen de las participaciones a los municipios hasta por ocho meses y últimamente al Sistema de administración tributaria, a quien no entregan impuestos para usarlos como fondo revolvente.
Volviendo al Fideicomiso de inversión y administración para el desarrollo económico: ya antes lo habían saqueado y cuando los empresarios (que usaban ese recurso para mejorar los accesos a la Zona industrial) comenzaron a requerir los más de quinientos millones de pesos del fideicomiso, la administración gallardista culpó, para variar, a la herencia maldita, misma que según los libros lo había dejado con poco más de cuatrocientos millones de pesos. Tras el reclamo el gobernador determinó, al tiempo que lo exprimían, que el fondo fuera congelado.
Los empresarios, sin embargo (generosos y espléndidos como siempre) no dejaron de aportar su parte al fideicomiso, así que ahora que ya hay de nuevo centavitos, lo van a saquear y nadie lo revisará. Por algo pusieron también un auditor del estado (con amplia experiencia de 91 días en materia de fiscalización) quien, ¿con que calidad moral va a revisar la cuenta pública del 2023 si en ese lapso era el consejero jurídico del ejecutivo?, ¿fiscalizará también a la consejería?, ¿le entenderá al fideicomiso?
Es curioso y más pareciera casualidad que mientras el secretario de Desarrollo económico fue Juan Carlos Valladares, no se reactivara el fideicomiso. Por supuesto, necesitaban su voto y, él a pesar de su juventud y aparente ingenuidad política, no dejaba de ser empresario; pero ahora, con un lacayo en dependencia, el fideicomiso seguro terminará solventando la fiesta de la enchilada o cualquiera de los conciertos que necesite el pachanguero gobernador.
Valdría el esfuerzo que algún periodista de investigación, vía transparencia, indagara cuantos créditos fiscales se han fincado a esta administración y seguro habría sorpresas. Al fin, Julión, las enchiladas, los tamborazos gratuitos, las fiestas charras y los espectáculos de la Fenapo cuestan; sin embargo el gobierno pachanguero no es gobierno pagador.
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De nuevo. Señores diputados: no sean infames, pónganse a trabajar, desquiten su salario; al menos por una sola vez en esta legislatura muestren compromiso social y humanidad, olvídense de sus campañas por un momento y otorguen ya el indulto a Sanjuana Maldonado. Diputado José Luis Fernández, ¡tenga dos gramos de madre!
