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Un estudio internacional sobre las vulnerabilidades de México en el combate al lavado de dinero y otros delitos financieros advirtió un riesgo en el registro público de empresas de San Luis Potosí, por un “atasco” que ha impedido la consignación total de compañías en la entidad.
La ausencia de este tipo de registros aumenta el peligro de la comisión de estos crímenes.
La alerta quedó plasmada en el Informe de Evaluación Mutua de Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo, publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se describe como “un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Entre sus conclusiones generales, el reporte resalta que el país carece de una política que dé prioridad a la investigación financiera y a la persecución del lavado de dinero como un delito de por sí”.
También detectó 419 puntos débiles en el entramado financiero, bancario y legal del país, que representan riesgos para la realización de actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero.
Entre ellos, advierte que, dentro del registro de personas y estructuras jurídicas, que se realiza a través de los registros de propiedad y de contribuyentes, la actualización de los datos en algunos estados es “desigual” debido a la falta de capacidad y de recursos,
“En algunos casos”, señala el reporte, “la demora de tiempo entre la constitución de una sociedad y su ingreso al registro federal podía ser de hasta un año”.
Añade que si bien hay un avance en el registro federal de empresas constituidas, hay seis estados, entre los que incluye a San Luis Potosí, “donde hay un atasco de sociedades creadas antes de septiembre 2016 que todavía no han sido ingresadas a los registros federales únicos”.
La ausencia de este tipo de registros aumenta el peligro de la comisión de estos crímenes.
La alerta quedó plasmada en el Informe de Evaluación Mutua de Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo, publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se describe como “un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Entre sus conclusiones generales, el reporte resalta que el país carece de una política que dé prioridad a la investigación financiera y a la persecución del lavado de dinero como un delito de por sí”.
También detectó 419 puntos débiles en el entramado financiero, bancario y legal del país, que representan riesgos para la realización de actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero.
Entre ellos, advierte que, dentro del registro de personas y estructuras jurídicas, que se realiza a través de los registros de propiedad y de contribuyentes, la actualización de los datos en algunos estados es “desigual” debido a la falta de capacidad y de recursos,
“En algunos casos”, señala el reporte, “la demora de tiempo entre la constitución de una sociedad y su ingreso al registro federal podía ser de hasta un año”.
Añade que si bien hay un avance en el registro federal de empresas constituidas, hay seis estados, entre los que incluye a San Luis Potosí, “donde hay un atasco de sociedades creadas antes de septiembre 2016 que todavía no han sido ingresadas a los registros federales únicos”.
