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El gobierno español también pretende cambios al Valle de los Caídos, el complejo donde está enterrado Franco / Foto: Archivo
MADRID (EFE).- El nuevo Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, actualizará la Ley de Memoria Histórica para, entre otras medidas, "impulsar desde lo público las exhumaciones" de los fallecidos durante la guerra civil española (1936-1939).
"Es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya", dijo hoy la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante una comparecencia ante la Comisión de su departamento en el Congreso.
Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, miles de restos de las víctimas de la guerra civil permanecen desde hace ocho décadas en 2 mil 457 fosas comunes registradas.
Delgado explicó que se establecerán planes de búsqueda de los desaparecidos y se publicarán los datos de exhumaciones y un censo oficial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco, que se prolongó hasta su muerte en 1975.
La ministra explicó la intención del Gobierno de llevar a cabo una reforma "integral" de la ley de Memoria Histórica de 2007 para, además de atender a las exhumaciones, declarar la nulidad de las sentencias emitidas durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) e indicó que se estudiará también la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo.
Según señaló, la reforma de la Ley implicará además crear una "comisión de la verdad" y establecerá un procedimiento por el que quienes vieron sus bienes incautados durante la dictadura podrán solicitar una compensación pecuniaria.
Se prevé además dar un nuevo significado al Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado Franco, trasladando sus restos, así como retirar la simbología de exaltación de la guerra y el franquismo con sanciones para quien lo incumpla, reforzar el acceso a archivos y reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo.
Junto a esa reforma, Delgado anunció que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere recuperar la Justicia universal y revisarla "conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental".
La guerra civil y, sobre todo, la dictadura del general Franco siguen siendo motivo de controversia en España tras cuarenta años de democracia, tanto por los miles de desaparecidos como por los símbolos del régimen militar que aún persisten.
