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En San Luis Potosí no se actúa contra funcionarios que cometen ilícitos porque quienes tienen la facultad no quieren asumir el costo político, afirmó el civilista y promotor de transparencia Eduardo Martínez Benavente.
“Lo que falta es la decisión de asumir el costo político que representa poder actuar en contra de ex funcionarios que tanto daño le hicieron a San Luis”, consideró respecto de los casos de denuncias formales de corrupción en el ejercicio de la función pública en el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado.
El notario dijo que ni la justicia, ni las leyes han fallado, pero quienes sí lo han hecho son los funcionarios que no se atreven a actuar.
Respecto de si pudiera existir una falla intencional para que los ex funcionarios no paguen por las acciones irregulares que se cometieron, el notario Martínez Benavente señaló que lamentablemente los asuntos que han salido a la luz tienen alto contenido político, el cual es medido por las autoridades, además señaló “a este gobierno no le gusta hacer olas ni provocar este tipo de conflictos en personas que se supone tienen cierta ascendencia en algunos sectores de la población y creen que los ciudadanos pronto lo olvidan”, señaló.
Explicó que la falta de protestas así como las movilizaciones también ha contribuido a que las autoridades se olviden de los asuntos de importancia. “Creen que los ciudadanos pronto lo olvidan, que no tienen memoria, que no están organizados, no hay protestas, no hay resistencias, no hay movilizaciones sociales, entonces dicen en dos o tres años no hay quién se acuerde de esto”, señaló.
Explicó que en el caso de los ex diputados de la anterior Legislatura, señalados en la trama de extorsión a alcaldes conocida como “La Ecuación Corrupta”, señaló que estos podrían ser sancionados únicamente a menos que exista presión social suficiente, pues al momento son pocos los que pugnan por que se resuelva la situación.
