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Crece la presión
Fracasaron los independientes
Parece que sólo faltaba que la sociedad se decidiera a intervenir para, primero, evitar que los diputados siguieran disponiendo de los recursos públicos de la partida de Gestoría Institucional, segundo, para impulsar la investigación de los manejos opacos e irregulares de los legisladores para justificar este gasto. La meta, por supuesto, es sancionarlos.
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El caso de las denuncias por delitos fiscales en contra de los integrantes de la bancada panista toma un nuevo giro con el señalamiento de una presunta proveedora y también acusada Adriana Peredo, quien acusó la falsificación de identidad para deslindarse de los documentos con los que los panistas comprobaron cerca de 400 mil pesos de la polémica partida de Gestoría Institucional.
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La situación complica la posición de los legisladores, pues genera la duda sobre con quiénes negocian para conseguir los presuntos bienes y servicios adquiridos con fondos públicos y refuerza las sospechas de que el apoyo es inexistente, que simulan las operaciones y le dan un destino distinto a los recursos.
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Por lo pronto, el jueves, los diputados panistas Héctor Mendizábal y el legislador con licencia Héctor Meráz están llamados a declarar en la Fiscalía, dentro de la investigación de presunto fraude fiscal.
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Y mientras que unos diputados ya no sienten lo duro en este asunto, la priista Cecilía González propone darle legalidad a una práctica que no tiene fundamento jurídico.
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A través de una iniciativa, la legisladora pretende establecer entre las atribuciones de los diputados el destinar los fondos de esta partida a instituciones de asistencia social jurídica y fiscalmente respaldadas.
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La intención puede ser buena, pero a estas alturas, en las que el abuso y la corrupción de buena parte del Congreso en relación con esta partida hacen inviable cualquier alternativa que no sea su desaparición.
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Los legisladores no tienen por qué repartir ayuda. La ciudadanía no los eligió para eso.
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Este día, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podría hacer oficial el fracaso de las candidaturas independientes en la elección local.
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Se espera que sólo uno de los 13 aspirantes sin partido a una candidatura local aparezca en la boleta. Entre el desdén ciudadano a estas opciones y el pesado paquete de requisitos que deben cumplir, quedó claro que los aspirantes la tenían demasiado difícil.
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El aspirante a la postulación al Senado de la Alianza Por México, el perredista Ricardo Gallardo Cardona demostró su nerviosismo con la fallida querella contra el diputado local José Luis Romero Calzada.
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Ni tiene todavía la calidad de candidato, ni son los tiempos para presentar denuncias y, francamente, se necesita tener la piel muy delgada para querellarse contra el legislador hablantín.
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¡HASTA MAÑANA!
Fracasaron los independientes
Parece que sólo faltaba que la sociedad se decidiera a intervenir para, primero, evitar que los diputados siguieran disponiendo de los recursos públicos de la partida de Gestoría Institucional, segundo, para impulsar la investigación de los manejos opacos e irregulares de los legisladores para justificar este gasto. La meta, por supuesto, es sancionarlos.
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El caso de las denuncias por delitos fiscales en contra de los integrantes de la bancada panista toma un nuevo giro con el señalamiento de una presunta proveedora y también acusada Adriana Peredo, quien acusó la falsificación de identidad para deslindarse de los documentos con los que los panistas comprobaron cerca de 400 mil pesos de la polémica partida de Gestoría Institucional.
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La situación complica la posición de los legisladores, pues genera la duda sobre con quiénes negocian para conseguir los presuntos bienes y servicios adquiridos con fondos públicos y refuerza las sospechas de que el apoyo es inexistente, que simulan las operaciones y le dan un destino distinto a los recursos.
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Por lo pronto, el jueves, los diputados panistas Héctor Mendizábal y el legislador con licencia Héctor Meráz están llamados a declarar en la Fiscalía, dentro de la investigación de presunto fraude fiscal.
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Y mientras que unos diputados ya no sienten lo duro en este asunto, la priista Cecilía González propone darle legalidad a una práctica que no tiene fundamento jurídico.
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A través de una iniciativa, la legisladora pretende establecer entre las atribuciones de los diputados el destinar los fondos de esta partida a instituciones de asistencia social jurídica y fiscalmente respaldadas.
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La intención puede ser buena, pero a estas alturas, en las que el abuso y la corrupción de buena parte del Congreso en relación con esta partida hacen inviable cualquier alternativa que no sea su desaparición.
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Los legisladores no tienen por qué repartir ayuda. La ciudadanía no los eligió para eso.
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Este día, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podría hacer oficial el fracaso de las candidaturas independientes en la elección local.
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Se espera que sólo uno de los 13 aspirantes sin partido a una candidatura local aparezca en la boleta. Entre el desdén ciudadano a estas opciones y el pesado paquete de requisitos que deben cumplir, quedó claro que los aspirantes la tenían demasiado difícil.
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El aspirante a la postulación al Senado de la Alianza Por México, el perredista Ricardo Gallardo Cardona demostró su nerviosismo con la fallida querella contra el diputado local José Luis Romero Calzada.
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Ni tiene todavía la calidad de candidato, ni son los tiempos para presentar denuncias y, francamente, se necesita tener la piel muy delgada para querellarse contra el legislador hablantín.
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¡HASTA MAÑANA!
