A lo penal La arena flexible
Los opositores al proyecto de remozamiento del Barrio de San Miguelito, que incluye el controversial levantamiento del histórico adoquín, están examinando con mucho interés una herramienta legal que les podría afilar la dentadura en el litigio iniciado con la Seduvop y el gobierno del estado.
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Se trata de una fracción del artículo 308 del Código Penal del Estado, que señala que “se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de mil a tres mil días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien sin contar con la autorización municipal que los ordenamientos correspondientes exijan... ”
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VII. Realice obras, o edificaciones en suelos destinados a, vialidades; áreas verdes; bienes de dominio público; o lugares que tengan legal, o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico, o cultural, o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección”.
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Aún no hay intención de emprender una acción penal con base en el precepto, pero ya por ahí tienen el separador puesto en esa página del Código Penal.
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A puerta cerrada y con sumo hermetismo, la Comisión de Servicios Municipales empezó a estudiar las propuestas que modificarían significativamente el sistema de limpia de la capital.
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Por la importancia que tienen los asuntos relativos al título de concesión que detenta desde 2009 la empresa Red Recolector, que extenderá hasta 2039 el contrato que mantiene con la alcaldía capitalina, y el incremento en los servicios, y en las cuotas que se pagarán, tanto sigilo es injustificado.
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Al contrario, el gobierno municipal debe dejar bien claro a la ciudadanía porque le convienen estas medidas, que para la compañía le generarán millonarios beneficios.
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El riesgo de un atorón legal con otras instancias gubernamentales es casi inexistente, pues gracias a las normas constitucionales en materia de autonomía municipal ampara el contrato contra cualquier eventual injerencia de un poder distinto.
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Se supo ayer que habría una conferencia de prensa sobre el tema, que mucha falta hace para airear el asunto.
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Los trabajadores que construyen la Arena Potosí van a estar bajo mucha presión en los próximos dos meses, pues el torneo nacional de charrería que motivó su construcción está previsto para el cinco de noviembre. La urgencia empieza a sentirse en la polémica obra.
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Ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que la obra estaría a tiempo, sobre todo porque el inmueble parece tener una capacidad elástica.
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Cuando se anunció el proyecto, se hablaba de un cupo de 10 mil personas. Sin embargo, cuando se reveló el proyecto arquitectónico se mostró un aforo menor, de ocho mil 514 personas.
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Y ayer, el aficionado al deporte nacional que también ejerce como mandatario estatal afirmó que serían doce mil los asistentes que podrían acomodarse en el edificio.
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¿Cómo se lleva a la práctica la construcción de casi tres mil 500 espacios más de lo planeado?
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