Acelerados Escándalo reciente
La delincuencia está pisando el acelerador este año y es probable que para noviembre, el número de delitos registrados en la entidad rebase las del año pasado.
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Al octavo mes del año, la entidad rebasó los cuarenta mil delitos, situación que en 2023 ocurrió hasta septiembre.
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Esa ha sido la tendencia de las estadísticas delictivas este año en San Luis Potosí. Si dividiéramos la suma de delitos tales de acuerdo a tramos de 10 mil denuncias, en 2022, el primer intervalo se alcanzó en marzo, al igual que ocurrió este año.
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Pero a partir de ahí, se muestra que, además de numéricamente, el crimen también ha aumentado la velocidad con la que comete los delitos.
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Alcanzar los 20 mil delitos fue un hito que se registró en mayo de 2023, pero este año, la marca se rebasó en abril.
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El año pasado, las treinta mil denuncias se concretaron en julio, mientras que este año, ocurrió en junio.
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Y lo mismo en los cuarenta mil. Este año, se llegó a la suma con un mes de anticipación, en comparación con el año pasado.
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Si no ocurre algo verdaderamente notable en el combate a la delincuencia, 2023 se está perfilando como el año de mayor incidencia delictiva de los últimos años.
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O del de mayor crecimiento de denuncias de los ciudadanos, si se quiere ver desde el punto de vista de la autoridad.
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Mientras el apoyo oficial en favor del sí a la municipalización de Pozos es abierto, en redes sociales se empieza a apreciar una campaña que impulsa la negativa al nuevo municipio, lo que perfila que el domingo 24 se juega algo más que la creación del municipio 59.
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De muestra, podemos ver los cálculos de industriales que ven un significativo recorte a las participaciones federales del ayuntamiento capitalino por la cesión, en caso de que se concrete el sí en la consulta pública, de una parte importante de la Zona Industrial.
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Públicamente, el tema parece no ser importante para el gobierno municipal, pero no parece probable que en un asunto tan relevante, el ayuntamiento se muestre indiferente.
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Ecos de un escándalo que parece haber ocurrido hace tiempo: la empresa involucrada en el caso de corrupción que fue atribuido a la exsecretaria de Salud y excandidata de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel, fue inhabilitada para hacer negocios con cualquier dependencia federal y estatal.
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Public Health Supply and Equipment de México SA de CV, la empresa que cobró 22 millones de pesos por la presunta venta de insecticida para combatir el vector del dengue, que nunca fue encontrado en las bodegas de la Secretaría de Salud no podrá hacer negocios con dependencias oficiales los próximos 15 meses, además de que deberá pagar una multa.
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El gobierno federal no especifica el motivo de la multa, pero no sería raro que estuviera vinculado al caso potosino.
¡¡HASTA MAÑANA!!
