Agilidad y pachorra Desperdicio anunciado

Que el Congreso del Estado es una mesa puesta para el Ejecutivo y cuanta iniciativa les presente, en detrimento de otras iniciativas de mayor alcance para la ciudadanía no es un secreto. Y así ha sido en San Luis desde que existe la división de Poderes.

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Pero la LXIV Legislatura está exhibiendo una clase magistral de servilismo cuando, mientras mantiene desde hace un año en la congeladora la Ley “Santi”, una iniciativa ciudadana para salvar las vidas de peatones y ciclistas, y en general, las adecuaciones al entramado legal sobre movilidad, pendiente desde 2022; aprobó en ocho días una iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para reformar la Ley Ambiental relacionada con el cobro del impuesto ambiental.

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Los promotores de la iniciativa vial se quejan de que el Congreso no la ha atendido, contrastando esa pachorra con la necesidad de una regulación necesaria ante la incidencia de accidentes viales que en los últimos cinco años causaron la muerte a más de dos mil personas y ha dejado heridas a casi diez mil más.

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Pero ¿el gobernador manda una iniciativa? Ahí sí hay velocidad. Los diputados tardaron sólo una semana en atender la propuesta de reforma que elaboró el mandatario en enero de este año, pero que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión del 11 de marzo.

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Una semana después, con puente incluido y tras un paso exprés en comisiones, los diputados votaron ayer la iniciativa y, por supuesto, lo aprobaron.

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Para la tarde, la reforma ya estaba en las páginas del Periódico Oficial del Estado, como el decreto 172.

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Con eso, se demuestra que el Congreso potosino puede ser ágil y eficiente. El problema es que sólo cuando se tratan de iniciativas enviadas por el gobernador o por la 4T.     

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana publicó ayer en medios nacionales una convocatoria de licitación para material a utilizar en la próxima elección judicial.

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Los números son, a la vez, una muestra de optimismo y un indicio de terrible desperdicio de recursos y de papel.

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Y es que la institución electoral potosina busca contratar la impresión de tres juegos de boletas para elegir integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal de Disciplina Judicial y de jueces de primera instancia. 

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Cada elección se llevará dos millones 225 mil 250 boletas, en total, seis millones 675 mil 750 documentos.

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A eso le suma cuatro mil 300 juegos de actas de conteo y de registro de incidencias, cuatro mil 600 mamparas, casi siete mil 160 cajas para empaquetar y trasladar la papelería electoral.

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Desde luego, que la autoridad electoral debe publicar una boleta por cada elector, pero cuando hasta algunos de sus integrantes reconocen que la afluencia será ínfima, se espera que ya pasada la elección, las recicladoras van a tener mucho trabajo.