Agua y política Sin lugar a dudas
La politización del servicio de agua potable en el estado genera situaciones inverosímiles mediante las cuales las partes involucradas buscan sacar beneficios o, en su defecto, minimizar o reducir los daños.
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Desde hace años, las alcaldías en turno, incluyendo la actual, jugaban una malsana estrategia, en la que actuando bajo la lógica económica, el organismo proponía incrementos a sus tarifas, que sin falta, eran rechazadas por el Congreso sin más expicación que la intención de no lesionar el bolsillo de los trabajadores.
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Ninguna Legislatura quiso debatir si la mejora en la situación del servicio de agua potable tendría que ser financiada con un alza en los cobros del agua potable y el drenaje.
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Y desde luego, ningún diputado quiso pagar el costo político que traería un incremento.
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En un ambiente tan polarizado como el actual, en el que el gallardismo y el gobierno de Enrique Galindo están involucrados en una lucha soterrada, no es la excepción que se use el tema del agua como arma política.
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Este año, sin embargo, el escenario quedó descolocado debido a que no hubo propuesta de aumento que llegara al Congreso. En el Interapas se dio una paradoja: se gestionó las iniciativas de incremento en toda forma, respaldada por un estudio financiero que toma en cuenta las disposiciones legales y se presentó a la Junta Directiva, sólo para ser votado en contra, incluyendo la propia alcaldía capitalina.
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Así, lo que se envió al Congreso fue una carta en la que se pedía aplicar las mismas tarifas que este año. Con esto, el Interapas sacrificó la búsqueda de tarifas más competitivas, que era improbable que obtuviera de todos modos, para ahorrarse la batalla política sobre el intercambio de culpas que se desataría con la bancada gallardista y aliados, que iba a perder, de todos modos.
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Ni en uno u otro lado se atreven a enfrentar la realidad del problema del agua en San Luis: las tarifas deben cambiar, so pena de que los mismos problemas se eternicen.
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La visita de Claudia Sheinbaum a San Luis le generó a la candidata morenista otro encontronazo con el INE. En la última sesión del Consejo General, se pidió que Morena y la candidata borraran mensajes emitidos durante la visita por considerar que su contenido violaba las disposiciones electorales al entrar en temas de campaña fuera de tiempo.
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La Fiscalía General del Estado debe evitar a toda costa cualquier sospecha de que la detención del alcalde de Matehuala, Iván Noé Estrada no es una ofensiva política y que sí tiene elementos para comprobar que hubo conductas delictivas que sancionar.
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¡Hasta mañana!
