Alto costo Blandengues
El Partido Acción Nacional pagará caro el precio de un mal negocio. Lo peor de todo es que se veía venir desde hace meses.
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José Luis Romero Calzada es una bomba de tiempo política: imprevisible e incontrolable, amarrarse a él implicaba el riesgo de sufrir las consecuencias de sus actos.
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Al impulsarlo a la candidatura por la alcaldía vállense, el Partido Acción Nacional (PAN) sacrificó en los hechos la alianza con su socio priista en la coalición forjada a nivel nacional, aunque se mantuvo de nombre, y causó una turbulencia interna ante los grupos panistas desplazado por la decisión.
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Lo peor de todo es que el motivo de la debacle de la candidatura de Romero Calzada estaba a la vista. ¿Cómo podría el político que estaba de campaña por la gubernatura hace tres años, para lo que comprobó un domicilio, comprobar una residencia distinta para saltar a la siguiente candidatura?
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Quién sabe si el PAN tendría especialistas en legislación laboral que revisaran todas las candidaturas. Deberían tenerlos. Y si los tienen, deberían despedirlos.
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La candidata al Senado por Morena, Rita Ozalia Rodríguez recibió un apapacho de la aspirante a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Y vaya que lo presumió en redes sociales.
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La candidata a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador es utilizada por los dos “aliados” de la 4T, el Verde y Morena. Las comillas, en este caso, están más que justificadas.
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Una de las causas por las que la opacidad domina sobre el derecho a la transparencia es que no hay castigo para quien la viole. Ni rápido ni expedito.
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Esa impunidad práctica está inscrita desde la misma legislatura, que prevé sanciones económicas cuyo costo no es tan alto como para inhibir la voluntad de no cumplir con las leyes de transparencia.
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Las amonestaciones públicas, en la práctica, son igual a nada.
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Eso se refleja en las estadísticas de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública que, al menos en 2022, sólo impuso 31 sanciones, de los cuales, sólo 1 fue una multa.
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La CEGAIP no tiene dientes para morder a los que han hecho de la opacidad una política pública.
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Un viraje en la situación se ve remoto, dado que quienes pueden concretarlo, los diputados locales, son parte de los beneficiarios de esa impunidad, además de que no expondrán al resto de los poderes. No estarán dispuestos a pagar tan alto costo político.
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¡HASTA MAÑANA!
