Austeridad obligada Capacitación pendiente
La resignación parece ser el sentimiento dominante en Palacio de Gobierno al confirmar que las previsiones presupuestales de 2021 incluyen un cuantioso recorte de poco más de cinco mil millones de pesos, el 10% del monto total destinado a los egresos del estado este año.
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El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, confirmó los términos del documento de la Secretaría de Finanzas sobre los lineamientos con que se diseñará el presupuesto para 2021.
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Y nada en eso puede ser positivo. El recorte de personal de honorarios es su faceta más grave, por el drama humano que desencadenará, pero también el hecho de que no haya obra pública nueva en todo el año entrante también entraña una situación desalentadora.
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Esas son sólo algunas de las penurias financieras que muy probablemente traerá la pandemia al estado.
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La pregunta ahora es quién, además del Ejecutivo, soportará la carga. Los lineamientos emanados de la Secretaría de Finanzas fueron emitidos para las dependencias de ese poder.
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¿Pero que pasa con el Legislativo? ¿Y el Poder Judicial? ¿Qué hay de los órga-
nos autónomos?
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Hasta el momento, luego de que se revelara la magnitud del recorte que se avecina, ninguna de esas instituciones se ha pronunciado acerca del tema.
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Habrá que ver si el resto del aparato público estatal afronta también el recorte o si sus encargados aspiran a salvar la misma suma que este año, o incluso esperan un incremento en sus presupuestos.
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Cualquier dependencia que imagine siquiera alguna de las dos últimas alternativas, estará mostrando una enorme falta de solidaridad con el estado.
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Un lamentable incidente, en el que una persona murió al caer en la ciclovía de Himno Nacional debido a una obra no señalizada, debe obligar al gobierno municipal, primero, a indemnizar cualquier daño generado; y segundo, a mejorar los sistemas de aviso sobre sus obras.
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Una cinta plástica, ya quedó trágicamente comprobado, no
es suficiente.
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No es la mayoría, pero el número de agentes policiacos que no aprueban los exámenes y la capacitación requerida por Ley para considerarlos certificados sigue siendo alto.
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Casi cuatro de cada diez. El Gabinete de Seguridad debe plantearse un mayor esfuerzo para cubrir esas deficiencias.
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¡HASTA MAÑANA!
