Charros onerosos Pozos, sin nada
Con el nada honroso historial del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en materia de transparencia, ¿la ciudadanía puede saber cuánto le costará al erario el Congreso y el Campeonato Nacional Charro?
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La respuesta lógica es que no. Ahora que el tema está en el reflector, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no supo precisar si ya se habían pagado siete millones de pesos por la “inscripción” en el torneo. Eso
dice bastante.
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Existe un Cuaderno de compromisos que firmó el gobierno estatal con la Federación Mexicana de Charrería, el cual tiene la categoría de información pública desde que se involucró un funcionario estatal. Pero ya sabemos cómo se las gasta este gobierno con la información pública.
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Del lado de la Federación, no se puede esperar mucho. Que haya borrado de su página web el comunicado de prensa en el que se ratificaba la realización del torneo potosino, ante la oleada de comentarios negativos que generó el que se aceptara el cambio dela sede de la Arena Potosí por el estadio 20 de Noviembre, también es un mal indicio.
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Por cierto, en la reunión del pasado fin de semana en la que se ratificó el torneo para San Luis, hubo el planteamiento de cambiarla sede, con el compromiso de que el año entrante, se realizara aquí, pero fue rechazado.
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Pero que las dos partes organizadoras del polémico torneo tienen la responsabilidad de transparentar toda la información pública que genere el evento, es innegable.
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En cualquier administración que tuviera el más mínimo compromiso con la transparencia, una secretaria como Leticia Vargas Tinajero ya llevaría
meses destituida.
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Pero en este gobierno, a lo más que se llega es a “un jalón de orejas” por no haber ido “bien tarjeteada” a su comparecencia con los diputados.
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Es decir, la sanción no la originaría la sistemática opacidad con la que se maneja la Seduvop, por la que fue ampliamente cuestionada por los diputados, sino no haber ido preparada para responder a las críticas.
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El paro en el Poder Judicial de la Federación por el descarnado ataque de la 4T contra los fideicomisos judiciales cobró una víctima colateral: la municipalización de Pozos.
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Paralizado el proceso por un amparo federal, que se ha congelado por el paro, pocos creen que este año se resuelva el asunto de manera favorable para los promotores de la secesión.
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En la alcaldía, parece que se impuso la certeza de que no habrá decisión este año, por lo que ya empezó a trabajar en la Ley de Ingresos 2024 en el escenario de que Pozos seguiría siendo
una delegación.
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Así que ni presupuesto ni elección municipal.
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¡HASTA MAÑANA!
