Desdén presupuestal Muertos que cobran
Mientras que el presupuesto estatal ha servido para financiar verdaderos derroches como conciertos y propaganda, las situaciones mucho más importantes, como el financiamiento electoral.
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Con este gobierno, el Consejo Estatal Electoral y de Protección Ciudadana (Ceepac) ha enfrentado penurias económicas continuas.
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La instancia electoral potosina ha sido huésped frecuente en la sección de instancias con mayores dificultades económicas de los reportes del Instituto Nacional Electoral.
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Y así ha ocurrido en el informe más reciente, en el que San Luis es uno de los cuatro órganos electorales estatales en situación crítica debido a un recorte del 67.82 por ciento en comparación con la suma solicitada, porcentaje aún más alto que el recorte de 61.9 sufrido el año pasado.
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El Ceepac solicitó al gobierno del estado 442.4 millones de pesos para este año, previendo la elección del Poder Judicial.
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Pero la administración gallardista sólo otorgó una fracción de esa suma, 244.7 millones de pesos, tal como lo hizo en la elección constitucional de 2024.
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Se trata de una situación generalizada, pues el gobierno federal hace lo mismo con el INE.
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Por esa razón, el Ceepac presentó en enero una solicitud por 208 millones para financiar el proceso electoral judicial, que con toda seguridad, será rechazado y, en el menos grave de los casos, sólo será concedida una fracción.
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Pero los conciertos, los artistas, las fiestas y las campañas adelantadas, tendrán, seguramente, su presupuesto asegurado.
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Por segunda ocasión en este gobierno, una dependencia estatal está involucrada en la inclusión de fallecidos en el manejo de recursos públicos.
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Primero fue el DIF estatal, que en 2022 tuvo que devolver casi medio millón de pesos en apoyos a unas 340 personas, luego de ser pillado por la Auditoría Superior del Estado.
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Y ahora fue la SEGE, que en el ejercicio de recursos de 2023 incluyó en su nómina a casi medio centenar de profesores que habían fallecido. De nueva cuenta, fue la ASF la que descubrió la anomalía.
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De acuerdo al informe de fiscalización, la observación fue solventada a través de la devolución del dinero, por lo que no tendrá consecuencias.
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Sin embargo, el hecho de que ya en dos ocasiones se haya descubierto la anomalía, no habla bien del manejo que dan las dependencias de este gobierno a los recursos públicos.
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Urge una mejora profunda a los mecanismos de ejercicio del gasto, pero si falta la vocación de ejercer con honestidad el presupuesto, de poco servirá.
