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Hoy se cumplen dos años de que Pulso revelara el video que destapó “La Ecuación Corrupta”, la prueba irrefutable de que la pasada Legislatura maniobró, manipuló y excedió sus funciones para enriquecer a un buen número de sus integrantes con el erario.
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El demoledor espectáculo del ex diputado panista Enrique Flores Flores tratando de sacarle 4 millones de pesos al alcalde de Ébano Crispín Ordaz, para satisfacer las demandas de otros tres de sus colegas: J. Guadalupe Torres Torres, Manuel Barrera Guillén y Óscar Bautista Villegas fue nota nacional.
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Pero tras el escándalo, la impunidad ha sido la constante. Al menos para esos cuatro protagonistas. Bautista Villegas, como si nada, se hizo de una diputación federal. Torres Torres y Barrera Guillén viven un conveniente exilio de la política potosina, sin cargos, pero al parecer, sin preocuparse de ser perseguidos por la justicia.
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Aún Flores Flores, con todo y un proceso legal, está tranquilo pese a la tardanza del proceso.
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Quizá lo más positivo del episodio fue que al destaparse el caso, empezó la caída de la corrupta camarilla que controlaba la Auditoría Superior del Estado.
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Aunque “La Ecuación Corrupta” no fue la causa directa, que Flores Flores describiera las oscuras maniobras de ese grupo encabezado por Jesús Martínez Loredo fue el principio del fin. Ahora, la mayoría de sus integrantes está fuera de la ASE y enfrentando un proceso legal, por otra causa. Pero hace dos años, se gestó esa caída.
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Poco menos de cuatro años se tardó el Ejecutivo en corregir el error de origen que arrastraba la Agencia Pro San Luis y que puso en riesgo legal a los representantes ciudadanos en la Junta de Gobierno.
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En una de las primeras acciones de su gobierno, Juan Manuel Carreras López emitió en octubre de 2015 el decreto que formaba la Agencia Pro San Luis, un ente de promoción empresarial del estado. En él, se incluían en la junta directiva del organismo a tres integrantes de la sociedad civil, de perfil empresarial, para ocupar tres asientos en el órgano directivo de la agencia.
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El asunto contravenía disposiciones legales administrativas, que obligan a que los cuerpos directivos de los órganos de gobierno de las instancias estatales estuvieran integradas sólo por funcionarios.
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Que ciudadanos estuvieran en esas posiciones era incompatible con esa norma. El cambio tardó bastante en hacerse, pero ya se concretó, relegando a los representantes ciudadanos a un papel consultivo.
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Independientemente de la reacción de la IP sobre el asunto, cabría preguntarse si esta situación no afectaría el desarrollo de una dependencia que ha sido fantasmal.
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Poco se sabe de su trabajo y en la página de transparencia no aparece ninguna acta de sesión de la junta directiva, quizá porque no podía hacerlo por esa anomalía de origen.
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Lo anterior no obstó para que, en mayo, la dependencia gastara casi el 70 por ciento de sus erogaciones, 1.4 millones de pesos de 2.1 millones, en la nómina.
¡HASTA MAÑANA!
