Drama humano Obras tardadas
La cifra que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no quiso revelar hace algunos días, afirmando que sería tergiversada en los medios, resultó ser más grave de lo esperado.
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De acuerdo a las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, San Luis tiene poco más de mil casos de personas en esas circunstancias. Al cierre de 2023, eran 689.
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Una subida de casi la mitad, en un momento en que los grupos encargados de la noble y peligrosa labor de buscar a los desaparecidos cuestionan la nueva metodología federal para el registro de desaparecidos es muy notorio.
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Lo curioso es que la cifra que el gobernador se negó a pronunciar, ya la había expresado hace algunos meses.
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Fue el22 de septiembre cuando afirmó que de 500 registros que había, una depuración los redujo a 80. Ninguna de las cifras coincide con los números oficiales de la Secretaría de Gobernación.
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En todo caso, el tema sí dio información para una nota de cabeza principal, aunque él no fue la fuente.
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Pero eso es lo menos importante. Lo relevante es si las autoridades dejan de querer manipular las cifras para dedicar esfuerzos serios y eficaces para aliviar el drama humano de los desaparecidos.
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El último de los mal llamados puentes “atirantados” sigue acumulando hojas del calendario sin que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas lo concluya.
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En teoría, si con la Arena Potosí, que tuvo un relativo corto plazo para ser terminada, sin lograrlo, el gobierno del estado anunció sanciones, habrá que ver lo que le espera a los responsables de la obra carretera.
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Pero hay una contradicción en lo anterior porque, de acuerdo a la notificación del fallo que le dio a las empresas Triaco El Palmar, Axis de Monterrey y Axis Construcciones de Monterrey, el consorcio tendría hasta el 31 de diciembre de este año para terminar la obra. O sea que no habría motivos para sancionarla.
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Mientras que en el mismo documento de la obra del puente, la fecha original de entrega era el 31 de diciembre de 2022, es decir, ya habría un atraso de un año.
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Sin informarlo ni explicarlo, la fecha de conclusión del contrato se alargó al 24 de octubre de este año, plazo que también se incumplió.
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Es decir, que la empresa Contratista General de América Latina, la constructora del demorado puente, la está librando indemne.
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En todo caso, dos obras emblemáticas de esta administración están enfrentando retrasos serios.
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La Secretaría de Finanzas se desentendió de las protestas de personal de la Fiscalía General del Estado por atraso en el pago de ciertas prestaciones, alegando que al ser la FGE un organismo autónomo, los trabajadores deben acordar con esa dependencia.
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O sea que es posible que el conflicto laboral escale.
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¡HASTA MAÑANA!
