El costo del capricho Rioverde en desacato
El regreso de la quema como método para lidiar con el grave problema del inexistente servicio de limpia en Pozos es la más reciente muestra de que estamos ante un municipio fallido.
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La improvisación en la creación de la localidad 59, impulsada desde el gobierno estatal, está evidenciando que se diseñó con eficiencia el mecanismo para seccionarlo de la capital, pero también que nadie pensó en qué hacer cuando ya se hubiera logrado ese objetivo.
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Por eso, el atribulado concejo municipal está firmando acuerdos con quien se deje para poder enfrentar la demanda de servicios.
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Pero la exigencia se está volviendo abrumadora, pues hay fallas en el servicio de limpia, en el de ambulancias para atender emergencias, de seguridad pública y hasta
de personal.
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Sin embargo, ya está encarrerado el proceso y quienes lo impulsaron deberían asumir la responsabilidad para lograr convertir en la autoridad local en una instancia mínimamente capaz de cumplir con sus responsabilidades.
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El alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, se arriesga a repetir el ridículo de la nueva Legislatura del Congreso del Estado cuando le negó la toma de protesta a un diputa-
do panista.
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El caso del legislador Marcelino Rivera, que con el pretexto de una inhabilitación del IFSE, se le impidió rendir protesta, está calcándose en Rioverde con la negativa a que el regidor de MC, Salvador López, de tomarle protesta para que se integre al Cabildo.
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Al igual que con el panista, con el emecista ya hay una sentencia del Tribunal Electoral del Estado que ordena que se le permita la entrada.
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La obcecación podría provocarle al alcalde rioverdense y a su ayuntamiento una sanción por desacato. A ver si en los próximos días, también se repite la resignación del Congreso al tener que darle entrada al diputado que no querían las bancadas gallardistas y aliados.
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Quién sabe de dónde, en la Unión de Usuarios de la Zona Industrial manejan cifras que muestran una suspuesta baja en el robo carretero en la entidad, lo que va en dirección contraria a las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado que muestran un incremento del 25% de los casos entre los acumulados estadísticos de enero a octubre de este año y del anterior.
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Sin ser el ramo empresarial al que se enfoca, la cámara negó tajantemente lo que las estadísticas oficiales muestran fehacientemente.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya había incurrido en ese sinsentido, lo cual es explicable y hasta normal, pero que una instancia empresarial avale algo que no es cierto debe-
ría preocupar.
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¡HASTA MAÑANA!
