El COVID protagonista Malabares numéricos
Era previsible que el tema de la pandemia de COVID-19 iba a ser el dominante en el quinto informe del gobernador Juan Manuel Carreras López. Lo interesante era ver el tono en el que lo abordaba.
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Y de manera un tanto coloquial, el mensaje podría equipararse a dos frases populares: esa de que alguien iba a ser una estrella del futbol, pero se lastimó la rodilla y la de que, al pasar de un entorno favorable a uno adverso, ya no se quiere queso, sino salir de la ratonera.
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El panorama en el quinto año de gobierno, que no coincide con el año natural, era luminoso, con un San Luis encaminado a la grandeza merced las cifras halagüeñas en muchos aspectos, pero la pandemia “lo cambió todo” y lesionó al estado.
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Y a partir de febrero, ya no se trataba de ver cuántos empleos se iban a generar y cuántas empresas se iban a abrir, sino de evitar despidos y cierres.
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No lo dijo abiertamente, pero el aroma de la justificación y la disculpa asomó en el tono del discurso. Y algo en lo que no hubo novedad fue que, como casi todos los informes de todos los funcionarios, no hubo asomo de autocrítica.
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Al contrario, pese al adverso panorama, el mandatario estatal presumió obras y acciones, con todo y que en años anteriores, ya se había presumido. La pandemia descarriló también el informe del quinto año y lo convirtió en el informe de cinco años. En ese sentido, lo adelantó un año. A ver qué ofrece en el sexto.
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El otro tema espinoso del informe, el de la seguridad pública, también dio de qué hablar.
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Sin dejar de reconocer la dificultad del problema de la inseguridad, el gobernador refirió, por primera vez, que la sociedad también tiene su responsabilidad al generar una “creciente demanda” de drogas, que a su vez, es fuente de la violencia y de otros crímenes.
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Y de nuevo, el uso de cifras a modo. En aspectos como montos de inversión o de reducción de la deuda pública, el gobernador siempre comparó el presente con la situación en que recibió esos rubros, teniendo siempre un resultado favorable.
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En seguridad pública, la fórmula no funcionaba, pues los números oficiales muestran el grave y sostenido deterioro de la seguridad con respecto a las registradas hace cinco años.
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Así que se optó por una críptica comparación de la tasa de siete delitos de alto impacto local con la del país, en un indicador que parece que se estrenó ayer.
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Pero no desaprovechó atribuir a su gobierno que este año, con respecto al anterior, hubo una reducción de 14% en la incidencia general. Lo que está a debate es si el mérito es del COVID o de su gabinete de seguridad.
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Reconoció incrementos en dos delitos, extorsión y homicidio doloso, inocultables.
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Pudieron haber sido tres, con el feminicidio, pero, en lo que debe ser una afortunada coincidencia, la Fiscalía General lo evitó por la vía administrativa, al corregir el informe que dio en julio al Sistema Nacional de Seguridad Pública y reducir, de cinco a dos, los feminicidios consignados originalmente en ese mes.
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Así, con margen de un feminicidio menos en el papel, Carreras López fue acertado.
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