El jaloneo deudor Plazo vigente
El jaloneo por la deuda que la alcaldía capitalina heredó al Concejo Municipal de Pozos es un diferendo que se intensificó la semana pasada, cuando en el nuevo municipio se rechazó, de plano, aceptar la responsabilidad por el pasivo de 53 millones de pesos que la administración de Enrique Galindo Ceballos determinó traspasar al municipio más joven de la entidad.
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El ayuntamiento se deslindó diciendo que ya serán los bancos los que tratarán el asunto con el Concejo, mientras que en este cuerpo colegiado señala que no tiene un documento que valide la transferencia.
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Tal documento, de hecho, debería existir. El artículo 20 del decreto de creación del municipio de Pozos establece que en los 90 días hábiles posteriores al día en que debe existir “un estudio financiero, acompañado de una propuesta de convenio entre éste y el ayuntamiento de San Luis Potosí” que si es aceptado, transferirá la parte proporcional de la deuda pública de la alcaldía capitalina.
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Esa norma despeja varias dudas sobre las responsabilidades que deberían asumir las partes involucradas, algunas de las cuales buscan escurrir el bulto, e incluso, contravenirlo.
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De inicio, la responsabilidad de elaborar ese estudio financiero es del Concejo municipal poceño, que debería presentarlo a la alcaldía capitalina, negociar con ella y acordar la transferencia de la parte proporcional de la deuda.
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En teoría, de existir un acuerdo, el Concejo debería acordar con el banco involucrado el reconocimiento de que asumiría la deuda.
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Y una tercera condición es que “el porcentaje de los pasivos y deuda pública deberá ser determinado entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Consejo Municipal del nuevo Municipio de Villa de Pozos, la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso del Estado, y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado”.
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Hay que recordar que el monto de la deuda que la alcaldía pretende transferir al Concejo se originó a fines de noviembre pasado, cuando el ayuntamiento capitalino diseñaba sus leyes de ingresos y egresos.
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A principios de diciembre, Ciudadanos Observando adelantó que, efectivamente, la alcaldía había determinado la cifra y, en un documento de la alcaldía que publicó la asociación ciudadana, se señalaba que, aludiendo al decreto de creación de Pozos, “existió la necesidad de elaborar un estudio financiero a fin de transferir un porcentaje de la deuda pública preexistente”.
Se deja de lado, sin embargo, que la responsabilidad de elaborar el estudio no era del ayuntamiento capitalino, sino del concejo. En ese sentido, el gobierno de la capital se adelantó a lo marcado en el decreto, lo que le da un carácter de ser un paso unilateral.
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Ahora, en medio del tironeo de responsabilidades, nadie parece percatarse de que aún no vence el plazo para llegar a ese acuerdo, pues los 90 días hábiles se cumplen el 7 de febrero próximo. O sea que tiempo, hay.
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Pero disposición, parece que no. De ninguna de las partes, pues el Congreso ya se deslindó también y la Secretaría de Finanzas se ha hecho la ausente.
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¡HASTA MAÑANA!