El que todos aman odiar El juego de no pagar
En términos prácticos, el destino del agresor de un joven empleado de un restaurante de comida rápida ya no depende sólo de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que ahora la comparte con el Poder Judicial del Estado.
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Lo que enfrenta a ambas instancias a cargar con las consecuencias que generen sus actuaciones y decisiones en este caso.
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El video de la agresión generó una justa indignación en la sociedad, pero también desató un deseo que en algunos casos, se parece más a la venganza que a la justicia.
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El golpeador lo ha incentivado, primero con su fallido intento de fuga y luego, con adoptar, ya que fue detenido, una actitud de perdonavidas que generó sólo hostilidad.
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El problema es que, en un afán de satisfacer ese deseo, la FGE emitió declaraciones sobre los alcances de las penas que podría enfrentar el agresor, quizá sin pensar qué ocurriría si no se concretan.
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La FGE deberá realizar un trabajo impecable para reforzar la acusación, algo que no ocurre muy frecuentemente. Y aun así, podría no lograr éxito.
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Desde la validación que el juez haga de las pruebas presentadas, hasta aspectos del caso que podrían diluir las agravantes (se habla de que las lesiones del joven no son tan serias como parecía, lo que le quitaría peso a la acusación) e incluso que las partes llegaran a una conciliación, todavía hay factores que pudieran evitar que el llamado “Tiburón” quede libre.
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La incógnita es que, si además de promesas de lograr una pena máxima de 50 años de cárcel, la Fiscalía General del Estado cuenta con argumentos para explicarle a la población qué pasa si no lo logra.
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El asunto aquí es que el agresor reúne todos los requisitos para ser el villano que los potosinos aman odiar, pero ni la sociedad ni el Estado cuentan con las herramientas ni el entramado legal para lograr el castigo que se desea para él.
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Pero la FGE, en un arranque de populismo jurídico, ya sembró la idea de que se puede alcanzar.
En torno a la concesión del acueducto El Realito se ha generado un estira y afloja millonario entre el Interapas, la Comisión Estatal del Agua y la concesionaria que bien podría llamarse el juego de no pagar.
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Las constantes fallas en el acueducto no son gratuitas para Aquos El Realito. Le generan pérdidas millonarias, de 76.5 millones de pesos en el último año y medio, en penas convencionales que deben ser descontadas de las contraprestaciones que debe pagarle el Interapas.
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Pero, de acuerdo a los documentos del organismo operador, la empresa las objeta, entra en controversia y no es rápido llegar a un acuerdo.
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Y en contraparte, el Interapas también parece hacer lo posible por concretar sus pagos, argumentando que la Comisión Estatal del Agua no entrega en tiempo las notas de crédito que debe pagar el organismo.
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Así, de un lado y otro, se entregan a una dinámica de morosidad mutua que es muy improbable que no sea un factor que genere los desastrosos resultados del acueducto.
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¡HASTA MAÑANA!
