Entre antros y contagios Laberinto legislativo
Este fin de semana están previstos trece eventos entre bailes, jaripeos, conciertos, funciones teatrales y de lucha libre. Y eso sólo de cuatro o cinco empresas.
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San Luis Potosí no se ha caracterizado por ser el estado más respetuoso de las restricciones sanitarias surgidas de las autoridades para terminar con el Covid 19. Pero el cambio al semáforo amarillo y las vacaciones de Semana Santa amenazan con regresar al estado a los peores días.
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La propuesta de la Dirección de Gobernación del Gobierno del Estado de impedir el funcionamiento de los establecimientos que más riesgo sanitario representan, las discotecas y los eventos masivos, es la mejor idea que a tenido autoridad en mucho tiempo.
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Las autoridades sanitarias tienen en sus manos una decisión delicada, pues deben balancear entre evitar que la ciudadanía enferme y rescatar a una economía enferma. Pero su responsabilidad es la salud de las empresas, no de los negocios. Deberían escuchar a la Dirección de Gobernación.
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Las previsiones de la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel, del peor escenario de la pandemia, en el aspecto de la incidencia, fueron destrozadas por la realidad. Ayer, se duplicó el pronóstico de los 30 mil contagios.
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Si no se hacen esfuerzos para prevenir la tercera ola, se
pueden triplicar.
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Hace mucho tiempo que los diputados no habían laborado tanto tiempo de manera ininterrumpida. Aunque, por desgracia, y como suele ocurrir, ese tiempo invertido fue estéril.
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Tras 23 rondas y más de siete horas, los legisladores se entramparon en decidir quién será la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Al final, hubo tres finalistas: Giovanna Itzel Argüelles Moreno, Celia García Valdivieso y Karina Rangel Castilla.
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El empate indisoluble tuvo, como muchas cosas en el Congreso, un ingrediente político. PRI y Morena impulsaron a sus candidatas, contrarrestándose mutuamente durante 23 rondas. Al final, un exhausto Pleno tiró la toalla y dejó para el lunes la decisión.
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Curiosamente, la tercera opción, Karina Rangel, pudo ser la solución al dilema y estaba ante los ojos de la Legislatura. Su currículum es impecable, con experiencia internacional en el ámbito de los Derechos Humanos.
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Pero no tiene el respaldo político que sus otras competidoras.
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Hablando del Congreso, conforme a lo esperado, hubo una negativa rotunda a que el Legislativo esté subsidiando el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de diputados y funcionarios de confianza de ese Poder.
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La obligación fiscal la pagan los diputados, a los que se les descuenta de su percepción bruta, fue el argumento, de manera que, sigue el alegato, ninguna responsabilidad fiscal de los diputados es pagada con dinero del erario.
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Sin contar el hecho de que todo el ingreso de los diputados es pagado, precisamente, con recursos públicos, la afirmación genera dudas: si hay un descuento a los legisladores ¿por qué la Jucopo autorizó una ampliación presupuestal para ese concepto? ¿Que no tendría que tomarse de las dietas de los diputados?
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¡HASTA MAÑANA!
