Estrategia errada Control monetario
De nueva cuenta, una estadística oficial pone en evidencia el contraste entre las cifras y la realidad del estado. Y, otra vez la autoridad estatal optó por la descalificación como respuesta.
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El secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez, calificó de incorrectas y tendenciosas las notas en las que se dio cuenta de un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que, en el 2021 la violencia familiar fue el delito más recurrente en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) del estado con un 80.6 por ciento de las carpetas de investigación.
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El funcionario señaló que en el estado, la violencia de género está “controlada” por la disminución de los feminicidios. Y tiene razón, en lo de la baja en la incidencia de ese delito, aunque por poco, porque en 2022 se registraron 12 denuncias por feminicidios y el año pasado, 11, apenas uno menos.
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Es evidente que no se trata de cifras de hace cuatro años, sino del pasado reciente.
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Pero está equivocado al señalar que la violencia de género está bajo control en San Luis Potosí.
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De acuerdo a las cifras de otra dependencia oficial, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los delitos sexuales, como violaciones, acoso, hostigamiento y abuso sexual, en los que la mayoría de las víctimas son mujeres, crecieron 17 por ciento.
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Y por lo que toca a la violencia familiar, en los que también son las mujeres las más afectadas, se convirtió en el delito con mayor incidencia de 2023, con casi el diez por ciento de ocurrencia total: nueve mil 320 denuncias de las 60 mil 760 registradas todo el
año pasado.
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Son cifras que reflejan muchas cosas, pero control no es una
de ellas.
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El Tribunal Electoral del Estado, una de las instituciones clave en los procesos electorales, sufre lo que una buena parte de la administración pública potosina está enfrentando hoy: una
sequía presupuestaria.
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El gobierno estatal, como lo hizo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y a otros órganos autónomos, aplicó una dura restricción presupuestal.
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El discurso es el de la austeridad y el no malgastar recursos necesarios en órganos que no están resultando útiles al pueblo.
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Pero a un gobierno al que le cuesta entender que existen organismos que pueden acotar sus acciones, le es muy conveniente hacer precisamente lo contrario, que él sea el que tenga el poder de acotar, y no hay mejor modo que el cerrar los bolsillos.
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Y esto es evidente porque el TEE, el Ceepac, la CEGAIP, el Sistema Estatal Anticorrupción y la CEDH, entre otros, precisamente las instancias pensadas como un contrapeso a la acción gubernamental, no han recibido aumentos significativos en sus presupuestos.
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El Ceepac pudo poner el asunto del recorte presupuestal en el reflector, con el valioso apoyo del INE. El TEE parece no tener tanta fuerza como el Consejo, pero parece que está haciendo el intento.
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¡HASTA MAÑANA!
