Feria de números Víctima del Inpojuve
Conforme pasan los meses, surgen nuevos números de lo que se supone es el gasto de dinero público en la Feria Nacional Potosina, ciertamente un escaparate importante de atracción de turistas para conocer lo que produce San Luis Potosí. Uno de los grandes errores del gobierno actual es la escasa contribución a la transparencia. Pasan los meses y a nadie se le ocurre transparentar los egresos de una feria que se supone debía ser financiada por entradas de los potosinos y los pagos de derechos de quienes exponen en ella.
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Gastar en conchas en forma de peyote, no es lo más adecuado y ni siquiera se asoma a los límites de lo moralmente permitido con uso del dinero público a decirle que el peyote es una planta en peligro de extinción y además es una droga muy consumida por algunos que dicen identificarse con los huicholes. Ciertamente hay gastos que pudieran referirse a los eventos populares de regalo de comidas en la Muestra Gastronómica, pero se debe precisar que quienes regalaron comida, obvio con costo a nuestros impuestos, fueron las alcaldías. Ya las demás formas de gasto, pueden o no ser frivolidades, si se considera que con 45 millones de pesos, bien podrían pavimentar varias calles de los alrededores de la Colonia Tepeyac.
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El caso Rich seguirá dando para rato. El cese de funcionarios debería ser apenas el comienzo de las investigaciones relacionadas con la administración pública. Lo cierto es que el avance de éstas, si se toma en serio, va a salpicar hacia ambos lados de los gobiernos estatal y municipal de la capital. Hasta ahora, el agente del Ministerio Público ha avanzado en una investigación concreta que envuelve a los propietarios y administradores del lugar, pero poco se sabe de las responsabilidades colaterales de otros, tales como aquellos que dejaron pasar la operación del sitio de diversión, sin que reuniera los requisitos. La tragedia en el antro endureció tanto la vigilancia municipal, que Comercio, por sus pistolas, les cayó a dos propietarios de hipermercados de productos chinos de mala calidad y quienes habían abierto tiendas en Uresti y Pedro Moreno. Ahí sí los clausuraron de inmediato. Haber hecho lo mismo con el antro habría evitado daños a más de 10 jóvenes que cayeron de un tercer piso.
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A propósito de errores u omisiones en el servicio público, en menudo lío se ha metido el Instituto Potosino de la Juventud, luego de que una joven denunció ante el gobernador a trabajadores de esa institución que patrocinaban clases de manejo y causaron un accidente que a ella le produjo siete fracturas que podrían paralizar su vida hasta por un año. El punto es que las autoridades abandonaron a la joven y no conforme con eso, dice ella, la amenazaron y hasta solicitaron al hospital que no se difundiera información al respecto. Por lo pronto la Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzó la investigación respectiva.
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La juventud resultó muy tempranera para transformarse en funcionarios mañosos. Lo menos que debe hacer el gobierno es sustituir tanto a la titular como a los funcionarios de segundo nivel, en apariencia todos jóvenes, que consintieron esa barbarie y atropello. De hecho, a estas alturas, la Fiscalía General del Estado ya debería estar integrando investigaciones, cuando menos por el abuso de autoridad, el abandono de la víctima y el ejercicio indebido de la función pública.
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¡HASTA MAÑANA!
