Ganas de renunciar no le faltan Alcaldías que no resuelven

Este domingo corrió el rumor de que el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, había presentado su renuncia al cargo. Lo cierto es que sólo fue un rumor que el propio funcionario se encargó de desmentir. Ganas no le han de faltar para dejar el cargo de dirección de investigación especializada que le fue encomendado.

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La Fiscalía Anticorrupción mantiene en investigación casos que a la larga pueden resultar difíciles de integrar si se considera lo complicado para desahogar el seguimiento del dinero que gastan los servidores públicos, y va a parar a sus bolsillos o a los de servidores suyos que no pertenecen a la administración pública y que precisamente por servir se han hecho de un patrimonio que no tiene ni Obama. Casos de peculado, prevaricato y enriquecimiento inexplicable deben abundar por ahí.

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Sin embargo esa fiscalía especializada ni siquiera edificio propio tiene, el titular hace lo que puede para investigar los casos, y hasta para batallar con servidores públicos tercos que se niegan a comparecer o con funcionarios periciales que no dan una en lo que se refiere al dictamen correcto de sus pruebas dactiloscópicas, grafoscópicas, de movilidad financiera y cualesquiera otras que documentan casos de corrupción.

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Hace algunos meses, el diputado local y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Rolando Hervert Lara, explicó los términos de una de las alternativas viables para apoyar a los ayuntamientos afectados por laudos que amenazan con mandar a la quiebra las finanzas públicas. La naturaleza de los dictámenes de autorización incluiría reestructuras financieras, que sean diseñadas para no hacer un hoyo y con ello tapar otro. Es decir, la alternativa de los préstamos está totalmente fuera.

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Sin embargo, a lo largo de los análisis hay varias situaciones por observar que son causas imputables a los ayuntamientos. La primera de ellas es la escasa valentía de las instancias jurídicas para señalar con dureza y denunciar a servidores públicos y responsables que llevaron a los ayuntamientos al apuro económico, a raíz de los despidos injustificados de trabajadores, mediando como suele suceder, el motivo político de deshacerse del personal para contratar compromisos de campaña. Por ello, no hay garantía de reparación del daño.

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También en forma irresponsable, ayuntamientos que viven los apuros, mantienen vigentes las políticas de clientela política, tales como el reparto de despensas y cobijas, u otros gastos que pueden pasar a segundo término y permitir el ahorro de recursos para pagar a los trabajadores o por lo menos generar condiciones de habilidad negociadora para reinstalar a aquellos que perdieron su trabajo. Las políticas públicas asistenciales bien pueden ser gestionadas ante un nivel superior, por ejemplo, el Gobierno del Estado. Ni siquiera por ocurrencia han tomado una decisión de esta naturaleza, o quizá cuentan con malos asesores.

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Deudas por laudos hay en todos los municipios del Estado. Basta con una revisión a los libros de radicación de denuncias presentadas por extrabajadores para constatar que en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje abundan los casos de quejas presentadas por empleados municipales, a quienes se les retiró de su fuente de trabajo o se les obligó a aceptar una paga menor en el monto de liquidación.

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Una de las cargas laborales más importantes se encuentra en la capital del Estado. Administraciones municipales van y vienen y en todas hay casos de ex trabajadores que se inconformaron con el retiro de sus funciones. Otro caso es el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde por décadas la estabilidad laboral poco tiene que ver con el mal desempeño y mucho más con el revanchismo político de los alcaldes en turno.

¡¡HASTA MAÑANA!!